El Consejo Permanente de la OEA conformó el Grupo de Alto Nivel que visitará al Perú en atención al pedido que hizo el Gobierno de Pedro Castillo para activar la Carta Democrática Interamericana.
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El Ejecutivo había pedido que se atiendan los artículo 17 y 18 del mencionado documento que fue suscrito en el 2001 en Lima, Perú, y que todos los Estados miembros de la OEA deben acatar para velar por sus instituciones democráticas.
Esto significa que se realizará una visita y un informe que el Consejo Permanente evaluará para tomar las acciones que considere pertinentes y que permitan evitar que se afecte la democracia en el Perú.
En una carta que enviaron el miércoles 26 de octubre al presidente del Consejo, José Williams, se detalló que la visita oficial estaría realizándose la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, aún sin fecha exacta. ¿Qué es lo que encontrarán los países que integran la OEA en nuestro país?
El principal conflicto que hay detrás de la crisis política actual es la que existe entre el Gobierno del presidente Pedro Castillo y el Congreso de la República, ya que en este último está llevándose a cabo la búsqueda de firmas para una tercera moción de vacancia por incapacidad moral permanente.
En las dos primeras mociones que fueron planteadas desde las bancadas de oposición en diciembre del 2021 y marzo del 2022, no se lograron los votos suficientes para retirar del cargo al mandatario. El tercer intento está encabezado por el congresista no agrupado Edward Málaga y todavía está acumulando firmantes.
Desde el Gobierno, no se ha presentado hasta el momento alguna cuestión de confianza a pesar de las numerosas interpelaciones y censuras que se han llevado a cabo contra diversos ministros de los gabinetes que ha tenido la gestión de Castillo.
Sin embargo, durante sendos eventos oficiales y Consejos de Ministros Descentralizados, miembros del Ejecutivo como el primer ministro, Aníbal Torres, han cuestionado la labor del Poder Legislativo donde aseguran que hay grupos que buscan la vacancia porque no reconocen la derrota electoral del 2021.
La confrontación del Ejecutivo también se ha extendido a choques entre Pedro Castillo, sus abogados y los ministros que defienden la gestión del presidente con representantes del Ministerio Público, incluyendo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Pedro Castillo tiene actualmente diversas investigaciones en el despacho de la titular del Ministerio Público, que comenzaron a llevarse a cabo durante la gestión de Pablo Sánchez con la decisión de interpretar la Constitución en el sentido en que impide acusar al jefe de Estado en funciones, mas no prohíbe las investigaciones.
También hay roces debido a la existencia de un equipo especial de fiscales denominado “Contra la Corrupción en el Poder”, encabezado por Marita Barreto, creado al inicio de la gestión de Patricia Benavides y desde donde se han investigado a muchos miembros del entorno del presidente, incluyendo a su cuñada criada como hija, Yenifer Paredes, y al dueño de la casa del jirón Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo hasta la fecha.
El Gobierno ha respondido criticando a la fiscal de la Nación por los cambios que ordenó en diversos despachos, incluyendo la salida de fiscales que investigaban el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y a la fiscal Bersabeth Revilla, quien tenía a su cargo un proceso contra la hermana de Patricia Benavides, Emma Benavides, por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir en organización criminal.
Actualmente, se está procesando una denuncia constitucional contra Pedro Castillo en el Congreso de la República planteada por la fiscal de la Nación, medida considerada como contraria al artículo 117 de la Constitución desde el Gobierno. Este es uno de los motivos por los cuales acudieron a la OEA.
El Congreso también ha tenido conflictos con el Poder Judicial, debido a que diversos jueces han atendido en los últimos meses demandas de amparo con medidas cautelares que han ordenado paralizar procesos para elegir autoridades que están dentro de las labores parlamentarias.
En julio del 2021, en un conflicto que se extendió hasta los primeros meses del actual Legislativo, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó paralizar el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional.
Más recientemente, en agosto del 2022 el mismo juzgado constitucional ordenó suspender el proceso para elegir al nuevo defensor del Pueblo. Walter Gutiérrez renunció formalmente en marzo de este año y, desde entonces, se espera que el Congreso nombre a su sucesor.
A pesar de la decisión judicial, el pleno llevó a cabo la votación para elegir entre los candidatos seleccionados por una comisión especial. Sin embargo, ninguno logró los votos necesarios y se decidió reiniciar el proceso.
Actualmente, hay una demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial precisamente por considerar que un magistrado no podía ordenar suspender un proceso para elegir a una autoridad como el nuevo defensor del Pueblo.
Más recientemente, se ha desatado una disputa entre la fiscalía y el Poder Judicial debido a un reclamo que ha presentado Rafael Vela Barba contra el juez supremo César San Martín, alrededor de una casación que involucra la caso Lava Jato y el proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.
El fiscal del equipo especial ha señalado que San Martín tendría conflictos de interés debido a su cercanía con un estudio de abogados que representa a una de las partes involucradas en la casación, además de haber tenido como abogado ante la JNJ a Carlos Caro Coria, quien es abogado de Enagás, empresa involucrada en el caso Gasoducto Sur Peruano.
Esto ha sido respondido desde el Poder Judicial como un intento de presionar a magistrados para afectar su independencia.
“Ante la inminente visita de la OEA, hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación y presión que se viene realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público”, manifestó Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial en un pronunciamiento que hizo con el resto de la Corte Suprema, César San Martín incluido.
Estos serán los integrantes del grupo de alto nivel de la OEA:
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