POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación
Las declaraciones del brasileño Jorge Barata son solo el inicio de un terremoto político de consecuencias impredecibles. El interrogatorio de la semana pasada fue, estrictamente, sobre los aportes que entregó la empresa Odebrecht para las campañas presidenciales de Alan García (US$200 mil), Alejandro Toledo (US$700 mil), Ollanta Humala (US$3 millones), Keiko Fujimori (US$1.200) y Pedro Pablo Kuczynski (US$300 mil).
Según Barata, a ellos les entregó aportes en efectivo a través de sus intermediarios Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Luis Alva Castro y Susana de la Puente.
Todos los implicados y sus seguidores lo han negado, argumentando que Barata tiene que probar lo que dice, que no basta su dicho, su sola palabra no es suficiente.
Ese razonamiento, en efecto, es válido. Es por eso que muchos peruanos se preguntan por qué la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia están presos si Barata los ha acusado de lo mismo, y tampoco ha aportado prueba alguna. Para unos lo ancho y para otros lo angosto.
El más notorio de los intermediarios es Jaime Yoshiyama, quien perteneció al cogollo del expresidente Alberto Fujimori y su hija Keiko. El año 2011 –cuando según Barata le entregó US$1 millón– era secretario general y jefe de campaña de Keiko.
Es un misterio hasta hoy por qué, el año 2014, el propio exmandatario obligó a su hija a desembarcarlo, tras lo cual fue reemplazado por Joaquín Ramírez, hoy investigado por lavado de dinero.
Yoshiyama tiene mucho que explicar. El 4 de junio del 2011 -un día antes de la segunda vuelta electoral- denunció que unos ladrones ingresaron a su casa y le robaron las computadoras donde estaban registrados los aportes que recibió su jefa Keiko Fujimori.
Tiempo después -¡oh coincidencia!- lo mismo diría Ramírez, quien afirmó que los documentos que sustentaban su enorme fortuna se los robaron de un taxi.
El terremoto de las declaraciones de Barata alcanzará su grado máximo en unas semanas cuando el fiscal anticorrupción, Hamilton Castro, lo interrogue sobre los millonarios sobornos que pagó la empresa Odebrecht en Lima, a cambio de obras públicas.
Esa será la función estelar. Y allí sí hay pruebas, empresas offshore, transferencias de dinero en paraísos fiscales, correos electrónicos, pero sobre todo, varios presos, todos ellos funcionarios que ocuparon altos cargos durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.
Entre ellos están Jorge Cuba Hidalgo, Edwin Luyo y Manuel Navarro, quienes tuvieron participación clave en obras como el Metro de Lima, que tuvo un precio inicial de US$410 millones y terminó costando US$519 millones.
Al día siguiente de las declaraciones, Alan García dijo que su amigazo Jorge Barata no lo había implicado en nada y eso desbarataba la ‘campaña infame contra mi persona’.
Hay mucho pan por rebanar. El fiscal Hamilton Castro tiene el inmenso reto de sacarle toda la verdad a Barata. Nos vemos el otro martes.