El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), antes de someter a votación las primeras diez apelaciones que presentó Fuerza Popular para buscar que se anulen mesas de votación en las que consideran hallaron indicios de un supuesto fraude, debatió sobre las exigencias que hizo el partido de Keiko Fujimori. Fue ahí que, por mayoría, se pronunciaron en contra de la posibilidad de pedir la lista de electores con las firmas de todos los votantes en la segunda vuelta del 6 de junio.
Los tres magistrados que decidieron en contra de atender la exhortación de Fuerza Popular fueron el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y los magistrados Jovián Sanjinez y Jorge Rodríguez Velez. El único que respaldó la posición del partido fujimorista fue Luis Arce Córdova.
La discusión empezó con una participación de Luis Arce, quien destacó la importancia de que se “busque la verdad”, sin importar que hayan antecedentes en comicios municipales y distritales en los cuales una diferencia entre las firmas en las actas y en el Reniec no fueron causales para anular actas.
En réplica, Salas Arenas recordó que la Ley Orgánica de Elecciones aplica para todo tipo de comicios y que el artículo 363 de esta norma señala que la nulidad de una mesa se da “cuando haya mediado fraude [...] para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”.
“Tiene razón (Luis Arce) en el sentido que hay que buscar la verdad, pero ¿quién busca la verdad? ¿Nosotros vamos a decir la verdad o lo van a decir en un proceso que corresponde, un proceso penal que absuelva o condene a presuntos falsificadores? Ahí se va a saber la verdad procesal”, indicó el titular del JNE.
Salas Arenas también señaló que se estaría abriendo una etapa probatoria si el JNE pidiera las listas de electores a la ONPE o los padrones de Reniec para comparar firmas. Para el juez, esto solo podría ser considerado como válido con la participación de peritos que convoquen a los presuntos falsificadores para comparar sus firmas directamente y no a través de imágenes digitales.
“Si tuviéramos en nuestras manos la firma que se pide de Reniec, ¿qué haríamos nosotros? [...] ‘No se parece en nada, por lo tanto aquí hay fraude’. ¿Cómo vamos a concluir eso? No sé si sería sacar un conejo del sombrero, pero eso no se puede hacer. Eso tendría que decirlo un experto mirando no solo la firma en copia o escaneada de la Reniec, sino llamando al interesado, tomar su firma y mirar”, valoró el magistrado.
Luis Arce tuvo una segunda participación en la discusión para insistir en que el “derecho a la verdad es un derecho fundamental” y que la obligación del JNE es legitimar las elecciones.
“La población que se encuentra polarizada no tendrá legitimación si se declara ganador y el jurado sigue en esta misma posición de no transparentar la información que tiene Reniec y ONPE con la lista de electores [...] Siguiendo un raciocinio simple y siguiendo el ejemplo de los jueces (del JEE) de Huancavelica, encontraríamos la verdad y legitimaríamos a quien se declare ganador [...] En todo caso, y esta es mi última intervención, que la historia nos juzgue”, señaló.
“Mientras esperamos el juicio de la historia, haré presente que el cotejo que usted plantea (Luis Arce) no es una operación cualquiera, es una operación pericial, existe como prueba y no tendría que ser hecho por nosotros”, respondió Salas Arenas.
Jorge Rodríguez Velez destacó, en este debate, que lo que debe valer en primer lugar es la “presunción de la validez del voto” y que solo se puede destruir esta presunción siguiendo las reglas y con estándares de pruebas altos.
“Se ha dicho que el 50% de la población aproximadamente está polarizado con el otro 50% y que nosotros deberíamos resolver conforme a ello para que se calmen [...] La única opción que tenemos los magistrados del pleno del JNE es inclinarnos cumpliendo la Constitución y la ley, no de otra manera. Si no, tendríamos que estar resolviendo conforme pide la calle y ese no es nuestro mandato, no es nuestro deber”, manifestó.
Jovián Sanjinez cuestionó, en otro momento, los argumentos que presentaron los abogados de Fuerza Popular, incluyendo un supuesto hallazgo del mismo puño y letra en actas que corresponden a mesas ubicadas en regiones diferentes. Esto, señaló, le genera “extrañeza” como fundamento.
“Para poder determinar si realmente ha sido falsificada una firma, se tendría que convocar a un perito oficial para que haga el informe pertinente, porque no somos peritos y el personal de la ONPE tampoco puede determinar la falsedad porque no son competentes”, consideró.
Luego de este debate, se votaron sucesivamente los diez primeros expedientes de apelación con los que Fuerza Popular pretendió anular actas de sufragio. Todos los votos fueron iguales: tres magistrados en contra de las apelaciones del partido de Keiko Fujimori, y Luis Arce señalando que no se podía votar hasta que se hubieran pedido las firmas de los votantes a el Reniec y la ONPE.
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