El cuñado del presidente de la República, Martín Vizcarra, Fredy Herrera Begazo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización luego de dos reprogramaciones de su citación, para asegurar que en su caso no se podían aplicar las restricciones de la Ley de Contrataciones del Estado por tratarse de un servicio de conciliación.
“El artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado (sic) exime y exonera de toda prohibición de contratar con el Estado este tipo de servicios de negociación y conciliación y he demostrado mi trabajo permanente donde la negociación, por lo variado de los conflictos que existen tanto internos entre pobladores, comunidades vecinas y también con el Estado”, indicó en la sesión virtual de la comisión.
“Yo estaba excluido, no tendría impedimento (por ser familiar de Martín Vizcarra). Sobre el particular, no lo he conversado (con el presidente de la República)”, añadió.
Según informó el programa ‘Cuarto Poder', Fredy Herrera, esposo de la hermana de Martín Vizcarra, Doris Vizcarra, recibió más de S/320 mil por sus servicios al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) adscrito al Ministerio de Agricultura (Minagri) desde el 28 de julio del 2016 hasta el 2019.
La Ley de Contrataciones del Estado precisa que hay casos que se excluyen de su aplicación, los cuales están comprendidos en el artículo 4 de la norma. Ahí, el apartado (e) precisa que no aplica en caso de servicios brindados por “conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales”, entre otros.
En su sustentación ante la comisión del Congreso, Herrera Begazo detalló que comenzó a brindar sus servicios al PSI desde el 2015 como conciliador del proyecto de represa Paltuture con varias comunidades ubicadas en el distrito de Ichuña, en la región Moquegua.
“Aquí se genera algo que se llama continuidad. Yo inicio en el año 2015, no tengo ninguna irrupción (en el servicio). Es un trabajo social, comunitario, que debe ser con la regla en las relaciones comunitarias que indica que tienen que ser continuos. No se puede poner un negociador para un proyecto, con avances significativos, sacarlo y poner un nuevo negociador. Es probable que se caiga todo el proceso y vuelva a foja cero”, añadió.
Fredy Herrera aseguró que, al momento de ser contratado por el PSI, consultó con abogados, quienes le aseguraron que estaba eximido de las restricciones de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual restringe en su capítulo 3 que familiares de hasta segundo grado de consanguineidad de funcionarios como el presidente de la República puedan brindar servicios al Estado.
En esa línea, aseguró que entregó todas las declaraciones juradas que le solicitó el PSI para sus diversas órdenes de servicio.
“Al ser por naturaleza un servicio continuo y sostenible en el tiempo, de acuerdo a la guía de relaciones comunitarias, esta se subsume en la labor conciliadora y se encuentra excluida del ámbito de la aplicación de la ley 30025 como hemos referido anteriormente. Por eso la contratación continúa en el tiempo y se logró la licencia por la que fue contratado, en base a la actuación conciliatoria de mi patrocinado”, indicó, a su turno, el abogado de Herrera, Emerson Gómez.
Durante la ronda de preguntas, la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) preguntó por servicios que habría brindado una empresa de Fredy Herrera Begazo, Equipos y Obras SRL, en el año 2011 al Municipio de Sánchez Cerro, en Moquegua. En aquella época, era gobernador regional el ahora presidente Martín Vizcarra.
En respuesta, Begazo aseguró que esa información “no era correcta” pero añadió que debía revisar la información sobre estos contratos, ya que previamente había negado que alguna firma suya hubiera hecho alguna contratación con el Estado en aquellos años.
“La empresa Equipos y Obras es de mi persona, soy representante legal, pero no me parece exacto. Habría que revisar ello, pero no he podido contratar con el Estado cuando un familiar tiene un cargo”, aseguró.
Ante la insistencia de Lizárraga, el abogado de Herrera Begazo se excusó de más respuestas al señalar que los servicios de aquellos años no fueron incluidos como temas de la citación ante la Comisión de Fiscalización.
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