La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este último miércoles 26 de abril una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por ser los presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, luego de que el expresidente se vacunara indebidamente contra la covid-19 durante el último tramo de su gobierno, en el marco del denominado ‘caso vacunagate’.
El escándalo, que estalló hace dos años, involucra a 487 personas, entre ellas altos funcionarios y empresarios, por recibir de forma irregular la entonces todavía candidata a vacuna contra la covid-19, durante la fase III de las pruebas clínicas que realizaba la farmacéutica china Sinopharm en el Perú.
De acuerdo con el documento fiscal, el exmandatario recibió vacunas que estaban destinadas “única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico” del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
Para el Ministerio Público, Vizcarra Cornejo “habría abusado de su cargo como jefe de Estado para inducir” al doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm contra la covid-19 en el Perú, a entregarle seis dosis para inocular a su esposa Maribel Díaz Cabello, su hermano César Vizcarra, y a él mismo.
Estas vacunas en mención formaban parte del lote de 3200 dosis que habían sido enviadas por Sinopharm única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal vinculado con el ensayo clínico; tal como establecía el “Protocolo de uso de vacuna de personal”.
En el documento, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala que “la voluntad” del doctor “habría sido doblegada ante la investidura y autoridad que representaba” Vizcarra en ese momento.
En su declaración a la Fiscalía, Málaga Rodríguez refirió que el 30 de setiembre de 2020 recibió una llamada de Alba Hilares Baca, diplomática destacada a la Secretaría General de la Presidencia, quien le consultó si podía ir al día siguiente a Palacio de Gobierno con el entonces presidente.
“El presidente me pregunta si son seguras, yo le dije que ‘sí’ y que inclusive ya me había inoculado. El presidente me solicita que yo llevé dos dosis de vacunas al día siguiente”, manifestó Málaga.
El 2 de octubre de 2020, Vizcarra y su esposa recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La enfermera Cynthia Castillo Flores fue quien se las aplicó.
La segunda dosis fue programada para el 29 de octubre, a solicitud de la secretaria de Prensa de la Presidencia, Mónica Moreno, “por temas de agenda”. “
Para aquella cita “vimos que estaba el hermano del expresidente (César Vizcarra), a quien el presidente me solicitó que lo inoculara. Finalmente, cuando había sido vacado, se coordinó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para su hermano, lo que ocurrió en el domicilio del expresidente en San Isidro”, según Málaga.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la denuncia constitucional, precisa que las vacunas, a las que accedió Vizcarra y su familia, “constituían bienes con valor patrimonial” y, además, permitían a los vacunados estar inmunizados contra una enfermedad que para octubre de 2020 “había cobrado la vida de muchas personas en el país”.
El expresidente sostiene, hasta la actualidad, que su vacunación fue parte del ensayo clínico. No obstante, el testimonio de los investigadores lo contradicen.
El Ministerio Público también incluye en la denuncia constitucional presentada ante el Parlamento a Mazzetti, quien fue ministra de Salud en los gobiernos de Alejandro Toledo, Vizcarra y Francisco Sagasti. A la ex alta funcionaria del Estado le atribuyen el presunto delito de concusión por haberse vacunado en secreto.
Mazzetti, según el documento, “habría abusado” de su cargo para inducir a Héctor García Lescano, integrante de la investigación del ensayo clínico de la Sinopharnn contra la covid-19 en el Perú, para que le dé ocho dosis, a fin de que ella se inocule y a otras tres personas de su confianza.
Entre ellos, Danilo Céspedes Medrano, jefe de gabinete del Despacho Ministerial; y los asesores Lucy Olivares Marcos y Rita Abanto Rojas.
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