Manuel Merino, expresidente del Congreso que asumió la jefatura de Estado tras la vacancia de Martín Vizcarra, aseguró que ha pedido la pensión vitalicia que le corresponden a los expresidentes de la República porque necesita el dinero para pagar a los abogados que lo defienden en los procesos en su contra.
“Yo tengo tres hábeas corpus de denuncias y tengo una denuncia hecha por la fiscal y una denuncia constitucional. Todas esas defensas debía pagarlas el Estado. El Estado ha negado el pago y consecuentemente ellos, los abogados que me están defendiendo, me exigen el pago, tengo que ver la forma de pagar”, aseguró en declaraciones a Exitosa.
Manuel Merino ha sido objeto de una denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas en contra de su Gobierno el 14 de noviembre del 2020. También se ha presentado una acusación en su contra por parte de la congresista Susel Paredes por considerar que asumió la presidencia de la República de manera inconstitucional.
“Una de las formas de las cuales he iniciado el pago primero es con plata personal mía, pero es insuficiente. En ese sentido, he solicitado la pensión vitalicia. Por lo menos pagar el total de los compromisos asumidos son cinco años de sueldo de presidente. Por lo menos”, aseguró Merino de Lama.
El exlegislador también dijo que usará ese dinero porque tiene un proyecto de una “asociación que permita colaborar y ayudar a la gente más necesitada”.
“No tengo plata suficiente para estos actos en los cuales he sido agredido”, reiteró, en alusión a las denuncias presentadas en su contra.
Manuel Merino insistió en su inocencia como jefe de Estado por las muertes de los dos manifestantes durante las protestas que se llevaron a cabo en el Cercado de Lima y que concluyeron con su renuncia al cargo.
“No hubo una disposición (para reprimir con violencia las marchas). Manuel Merino como presidente, no soy policía en actividad asumiendo la presidencia. La Policía Nacional tiene su propia institución encargada de disuadir y tener el orden público y tiene sus instrumentos [...] Tiene que haber hecho una investigación que realmente quiera encontrar a los culpables”, señaló sobre la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación.
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