Los allanamientos a la casa de la presidenta Dina Boluarte y Palacio de Gobierno estaban cantadazos, por culpa de ella misma. Su negativa en mostrar los relojes Rolex y explicar su procedencia era una clara obstrucción a la justicia, por lo tanto se justificaba una intervención e incautación de esos bienes en su domicilio.
No se trata aquí de defender a la mandataria, pero, hablemos claro, la forma en que se hizo esa operación es una prueba más que la Fiscalía politiza los casos que investiga. La diligencia de los fiscales y los policías de la cuestionada Diviac se realizó el viernes casi a la medianoche y con una violencia aparatosa, que solo se debía aplicar —según la misma resolución del juez que la autorizó— en caso de ser necesaria. Los agentes, al mando del mediático coronel Harvey Colchado, utilizaron una comba para reventar la puerta del domicilio de Boluarte, pese a que, de acuerdo con un propio comunicado del Ministerio Público, su hijo les había dicho por el intercomunicador que la iba a abrir. El video de la intervención fue repartido a los medios en tiempo real.
Ese tipo de acciones ruidosas merecen ser cuestionadas. No solo restan credibilidad a las pesquisas de los fiscales y policías. También evidencian intenciones políticas nada santas, como el adelanto de elecciones o la vacancia presidencial, que vienen pidiendo políticos y colegas que apoyaron al golpista Pedro Castillo para que llegara al poder.
Boluarte está en serios problemas, pues en la intervención se halló un documento que permitirá descubrir en unos días quién le regaló el famoso Rolex.
El allanamiento estruendoso confirma, a su vez, la lucha de poderes y el doble rasero que ocurre en el Ministerio Público, en donde existen bandos de fiscales supremos titulares y provisionales enfrentados entre sí, unos a favor y otros en contra de los investigados.
El jueves por la noche, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay abrió una investigación contra los fiscales Rafael Vela, Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, por el supuesto “cerco” que le tendieron al expresidente Alan García, que lo llevó al suicidio. Inmediatamente, el sector de la prensa y políticos que los defienden lanzaron por las redes sociales una andanada de críticas contra dicho magistrado y el Ministerio Público en general.
Tanta fue la presión que en la mañana del Viernes Santo, ese organismo difundió un comunicado explicando las razones de aquella pesquisa, privilegio que jamás ha ocurrido con ningún mortal. En el texto, prácticamente se les pedía disculpas a los investigados.
Todo cambió esa misma noche y dicha pesquisa pasó al olvido, cuando se allanó la vivienda de la presidenta Boluarte, solicitada por el también fiscal supremo Juan Carlos Villena, jefe máximo del Ministerio Público. Por cierto, esta vez no hubo disculpas, ni explicaciones por la violenta acción, ni las habrá, todo lo contrario.
¡La justicia, señores, se ha politizado! Nos vemos el otro martes.
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