El Poder Judicial rechazó el pedido de 36 meses de prisión preventiva que la fiscalía pidió contra 20 implicados en el caso conocido como Los Dinámicos del Centro, en el cual están involucrados diversos militantes del partido Perú Libre por presuntamente haber organizado una red de cobro de coimas a cambio de otorgar licencias para conducir en Junín.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, a cargo de la magistrada Judy Baldeón, consideró que los elementos de convicción que presentó el Ministerio Público, incluyendo las conversaciones telefónicas vía WhatsApp, no son suficientes para determinar que hay una “sospecha grave” de la comisión de los delitos de organización criminal y negociación incompatible.
“Estas conversaciones no proyectan para considerarlas como fuertes elementos (de convicción). En efecto, se advierten temas referidos al personal, inclusive la resolución de un contrato, que dicho sea de paso sería una injerencia que tendría, pero no resulta suficiente para determinar a qué efecto el procesado podría ser sentenciado. Se requieren [...] otros documentos que refuercen el alcance con alto grado de efectividad los altos y graves fundados elementos de convicción”, señaló la jueza al evaluar el caso de Arturo Cárdenas Tovar, secretario nacional de Perú Libre que se encuentra prófugo.
Similar evaluación tuvo en casos de otros implicados como Marina Asunción Vásquez López (coordinadora oriente de Perú Libre), José Eduardo Bendezú Gutarra (excandidato de Junín por Perú Libre) y Waldys Romualdo Vilcapoma Manrique (excandidato de Pasco por Perú Libre).
“No resulta de gravedad (las pruebas), por lo menos por ahora. Se requieren actos adicionales que corroboren. Los mismo elementos de convicción fueron usados para el delito de negociación incompatible. El Ministerio Público no ha cumplido con la exigencia prevista [...] Solo está fundada en la declaración de colaboración eficaz que resulta insuficiente por ahora [...] Revelaría la presunta comisión del ilícito penal que amerita investigación, pero no graves y fuertes sospechas para aplicar una sanción tan drásticas”, comentó Baldeón al evaluar el caso de Marina Vásquez, sindicada de haber hecho coordinaciones telefónicas con Cárdenas y Bendezú.
Tras descartar que haya peligro procesal por no considerar que habían elementos graves de sospechas del delito de organización criminal, la jueza también desestimó que haya peligro de fuga en los investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y negociación incompatible como Delio Caysahuana Martínez, Richard Guillermo Mendoza Ticse o Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán. En todos ellos consideró que había distintos arraigos (domiciliario, laboral o familiar) que descartaban este aspecto.
Contra los 20 procesados, el Poder Judicial terminó dictando comparecencia con restricciones, donde se incluyen reglas de conducta como no cambiar de domicilio sin avisar a las autoridades y recurrir mensualmente a reportarse ante la sede judicial. También se estableció un pago de caución de 5 mil soles que deberán hacer en los próximos 5 días hábiles.
La fiscalía anunció que apelará el rechazo de la prisión preventiva.
Durante la audiencia programada para hoy, y por más de cuatro horas, el Poder Judicial leyó los argumentos por los cuales la fiscalía a cargo de Bonnie Bautista, pidió 36 meses de prisión preventiva contra 20 de los 38 investigados de Los Dinámicos del Centro.
Entre ellos, se destacó cómo Cárdenas Tovar, a pesar de no tener un cargo público en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, habría tenido injerencia en la contratación y continuidad de personal del régimen CAS para favorecer a miembros del partido Perú Libre.
El Ministerio Público sindicó a los integrantes de Los Dinámicos del Centro el haber querido copar los puestos dentro de la dirección de transportes para poder recaudar cobros ilícitos a personas interesadas en tramitar sus licencias para conducir en Huancayo y Satipo, basándose en conversaciones telefónicas y chats vía WhatsApp donde se evidenciaban coordinaciones en ese sentido y que incluso estaban al tanto de la orden de allanamiento y detención que se realizó el 15 de junio.
También se adjuntaron testimonios de colaboradores eficaces que señalaron ante la fiscalía que el objetivo de la recaudación de fondos ilícitos era beneficiar la campaña del partido Perú Libre durante las elecciones generales del 2021.
En total, la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra Eduardo Daniel Reyes Slaguerán, Waldy Romualdo Vilcapoma Manrique, Arturo Cárdenas Tovar, José Eduardo Bendezú Gutarra, Marina Asunción Vásquez López y Francisco Muedas Santana.
También contra Delio Caysahuana Martínez, José Lagunas Alvarado, Richard Guillermo Mendoza Ticse, Félix Cirilo Miranda Vilcahuamán, José Eduardo Terrazos Jesús, Raúl Eduardo Córdova Luna y César Fulgencio Mayta Barreto.
La solicitud también fue contra Eidelber Misael Núñez Gutiérrez, Máximo Rojas Páucar Páucar, Guillermo Munguía Arteaga, Alejandro Rojas Benites, Hernán Víctor Huaranga, Jack Christian Quispe Baltazar y Alfredo Rivera Santana.
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