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Como parte de la investigación que se le sigue por el Caso Anguía, el Ministerio Público presentó un nuevo pedido de prisión preventiva por 28 meses contra la exprimera dama Lilia Paredes Navarro, quien se encuentra asilada en México desde diciembre del año pasado.
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El requerimiento, solicitado bajo una medida de variación de su comparecencia simple por la de prisión preventiva, también alcanza a sus hermanos David Alfonso Paredes Navarro y Walter Paredes Navarro.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Justiniano Romero, programó la audiencia para el próximo lunes 24 de abril a las 10 de la mañana.
“Solicito, muy respetuosamente a usted señor juez, acceda al presente requerimiento, señalando día y hora para la audiencia de sustentación del requerimiento de variación de comparecencia simple por la medida de prisión preventiva por el plazo de 28 meses, para los fines de la investigación”, expresó el fiscal provincial Jorge García Juárez.
Cabe recordar que un primer requerimiento fue declarado infundado pues el magistrado solicitó que se presente como una variación de la medida y no como un pedido independiente.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA?
Según la Fiscalía, Paredes Navarro, en su rol de coordinadora de la presunta organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo, habría dispuesto reuniones para que se de el financiamiento de la obra en el distrito de Chadín - Chota -Cajamarca en concertación con el exjefe de Estado para así ejecutar el programa criminal de adjudicarse mediante terceras empresas de fachada, como las de Hugo Espino, para la ejecución de obras en dicho distrito.
“La organización criminal investigada, tiene familiares del ex presidente de la República que cumplen la función de coordinadoras, representan al cabecilla y son pieza importante dentro de organización criminal, en el caso en concreto, la ex primera dama Lilia Ulcida Paredes Navarro, esposa del ex presidente de al República Pedro Castillo, es quien se encarga de coordinar los actos preparatorios y reuniones en Palacio de Gobierno”, indicó el Ministerio Público en el requerimiento.
La Fiscalía presentó 223 elementos de convicción para sustentar su requerimiento, entre ellos las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, testigos, documentos, actas, entre otros.
Además, estimó que la pena a imponer en su contra sería entre 8 años 10 años y 4 meses de cárcel por el presunto delito de organización criminal.
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