
El Gobierno de Keiko Fujimori inició este lunes 26 de octubre un megaoperativo para desmantelar 43 antenas clandestinas y 48 estaciones de telecomunicaciones identificadas en los alrededores de establecimientos penitenciarios. La intervención, que alcanzó a cuatro penales, busca impedir que señales de internet lleguen de manera ilegal al interior de las cárceles y puedan facilitar comunicaciones vinculadas con actividades delictivas, como las extorsiones y el cobro de cupos.
“El orden vuelve y el control de las cárceles se va a retomar”, afirmó la mandataria al anunciar las acciones, que se ejecutan de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con participación de representantes del Ministerio Público.

El despliegue comenzó después de que los equipos técnicos identificaran señales de alta potencia que, según la información presentada por el Ejecutivo, llegaban a establecimientos penitenciarios. A partir de esos hallazgos, las autoridades formularon las denuncias correspondientes y obtuvieron autorizaciones judiciales para intervenir los puntos detectados.
DESMONTAN ANTENAS CERCA DEL PENAL PIEDRAS GORDAS
Una de las intervenciones se desarrolló en el distrito de Santa Rosa, cerca del penal Piedras Gordas, en Ancón. En la zona, ingenieros del MTC comenzaron a desmontar y retirar antenas de alta potencia instaladas en viviendas, equipos que, según la hipótesis policial, habrían transmitido ilegalmente señal de internet hacia establecimientos penitenciarios cercanos.
Las diligencias cuentan con la participación de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía de la Nación. El operativo contempla el retiro de las estructuras y la incautación de los aparatos electrónicos utilizados para transmitir las señales, de acuerdo con las autorizaciones obtenidas por las autoridades.
Durante el anuncio en Palacio de Gobierno, Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La presidenta también informó que el jefe del Consejo de Ministros y el ministro de Defensa participaban en las coordinaciones desde el Cuartel General del Ejército.
“Se están interviniendo varios penales, son 48 estaciones y 43 antenas”, detalló la mandataria al explicar la dimensión del despliegue. Según indicó, la operación forma parte de las acciones del Comando Unificado en la Lucha contra la Criminalidad.

EQUIPOS SERÁN INCAUTADOS Y HABRÁ NUEVOS OPERATIVOS
El ministro Tangherlini señaló que las intervenciones no terminarán con esta primera jornada. “Se han podido identificar señales ilegales que son transmitidas por torres, dirigidas a 4 penales intervenidos. En las próximas semanas tendremos más operativos”, manifestó.
El funcionario precisó que los equipos retirados serán trasladados inicialmente a una comisaría para su incautación y posterior entrega al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Nos desharemos de manera adecuada de estos productos”, añadió al referirse al destino de los aparatos electrónicos.
Las autoridades también advirtieron que los propietarios y ocupantes de los inmuebles donde se encuentren estas instalaciones podrían ser investigados por la Fiscalía si se determina que facilitaron comunicaciones clandestinas. El objetivo, según lo anunciado, es identificar tanto la infraestructura utilizada como a quienes habrían brindado apoyo logístico para mantener estas conexiones.
Por su parte, el ministro de Justicia sostuvo que los bloqueadores de señal instalados en las cárceles no son suficientes por sí solos, pues pueden ser vulnerados mediante tecnología moderna o actos de corrupción. Por ello, el Gobierno anunció que las acciones incluirán la detección de antenas ilegales, la incautación de equipos y un monitoreo permanente en los establecimientos penitenciarios de todo el país, además de nuevas intervenciones durante las próximas semanas.
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