LIBRE PARA IRSE. El Poder Judicial revocó la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, y otros procesados por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, entre ellos su exesposo Mark Vito, en el marco del caso Cócteles.
Esta medida restrictiva, que inicialmente se estableció por un periodo de treinta y seis meses, ha sido dejada sin efecto por la Segunda Sala Penal de Apelaciones. La resolución, que también afectaba a Mark Vito, exesposo de Fujimori, y a los ex dirigentes del mismo partido, José Chlimper, Pier Figari, Jaime Yoshiyama, y Adrián Tarazona, fue levantada.
En mayo del año pasado, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional culminó con las audiencias de control de acusación e impuso impedimento de salida del país además contra Mark Vito Villanella y otros seis acusados.
El magistrado había dictado la medida restrictiva tras un pedido del Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía a fin de asegurar su presencia en el país de los investigados de cara al próximo inicio del juicio. El Ministerio Público pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori.
“Si bien persiste una preocupación porque los acusados puedan rehuir de la acción de la justicia ante una decisión final, debe recordarse que Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y Pier Figari vienen cumpliendo reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida, por lo que este tribunal considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga”, señala la Segunda Sala Penal de Apelaciones en su resolución, emitida el 10 de enero.
En tanto, la Corte Superior Nacional informó que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional será el encargado del juicio oral contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles. Este tribunal, presidido por Nayko Coronado e integrado por Raúl Caballero y Max Vengoa, deberá definir la fecha del inicio del proceso.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori en marzo del 2021 por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Según la tesis fiscal, la lideresa de Fuerza Popular encabezaría una red criminal que creció al interior de su partido y que estaría dedicada al lavado de activos.
La fiscalía ha determinado que la presunta red se encargó de ocultar financiamiento ilícito mediante falsos aportantes, uno de ellos fue el empresario José Sam Yuen, quien reconoció que además reclutó a otros donantes fantasmas.
El Ministerio Público también pidió 30 años y 10 meses de prisión contra Pier Figari y Ana Herz, exasesores de Fujimori. Al menos un testigo protegido señaló a la fiscalía que Figari y Herz recibieron dinero donado por empresarios que no querían aparecer en la lista de aportantes de la campaña presidencial del 2011. Otro testigo señaló que ambos trabajaron “a exclusividad” para el partido fujimorismo, pero sin firmar ningún documento.
En tanto, Pérez solicitó 22 años y ocho meses de prisión para Mark Vito Villanella. Se le acusa de ayudar a su entonces esposa a lavar activos de procedencia ilícita. Según la tesis fiscal, Vito habría comprado dos terrenos en Chilca y un inmueble en Cieneguilla con dinero presuntamente ilícito.
También se solicitó 30 años y 10 meses de cárcel para Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman, Adriana Tarazona Martínez de Cortes, entre otros; y 22 años y ocho meses para Carmela Paucará Paxi, Luis Mejía Lecca y otros.
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