La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó liberar a Keiko Fujimori, detenida desde hace una semana tras ser acusada por la Fiscalía de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2011.
La corte "dispone la inmediata libertad de los indiciados detenidos" por este caso, entre ellos Keiko Fujimori, dijo el presidente de la sala, Octavio Sahuanay, al acoger la apelación de la lideresa de Fuerza Popular y otros tres detenidos por el delito de lavado de activos, a raíz del presunto financiamiento ilegal de la campaña.
Keiko Fujimori abrazó llorando a su abogada Giuliana Loza y a su esposo Mark Vito al escuchar el fallo, dictado luego de seis horas de deliberación de los tres jueces del tribunal.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró que el juez de investigación que ordenó el arresto, Richard Concepción Carhuancho, había cometido dos irregularidades al ordenar la detención de Keiko Fujimori: copiar y pegar los argumentos de la Fiscalía en su resolución y emplear "conocimiento privado" que tenía sobre el caso.
El tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo de la acusación de la Fiscalía contra Keiko Fujimori, de usar la "estructura" de su partido para canalizar el dinero de Odebrecht a su compaña en 2011.
Keiko Fujimori estaba detenida desde el 10 de octubre en el cuartel central de la policía de Lima, una semana después de que la justicia anulara el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, mientras cumplía una condena de prisión de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Alberto Fujimori, de 80 años, permanece internado en una clínica en calidad de detenido desde hace dos semanas.
NOTA PREVIA
¡Está en la cuerda floja! La libertad de Keiko Fujimori se decidirá a las 8 de la noche de este miércoles luego de que la defensa de la lideresa de Fuerza Popular presentara un recurso de apelación ante la Segunda Sala penal de Apelaciones con el objetivo de revocar su detención preliminar por 10 días.
La audiencia de apelación, culminada a las 01:30 horas, se realizó en presencia de Keiko Fujimori así como otros involucrados en esta investigación, entre ellos Augusto Bedoya Cámere y Adriana Bertilda Taraona.
Giuliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, reiteró que la disposición judicial "es abusiva, injusta y arbitraria" y sostuvo que su patrocinada no ha puesto en peligro procesal la investigación que le sigue la Fiscalía.
Según la hipótesis del fiscal, la lideresa de Fuerza Popular encabezaría una organización criminal cuya finalidad es obtener poder político en las instituciones del Estado.
El fiscal superior Rafael Vela sustentó la posición del Ministerio Público e indicó que su tesis nunca señaló que el partido Fuerza Popular sea una organización criminal.
"Nunca se ha dicho que el partido [Fuerza Popular] sea una organización criminal, sino que fue infiltrado por una para realizar lavado de activos", manifestó.
Keiko Fujimori y otras 23 personas son investigadas por un presunto esquema de lavado de activos realizado por Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) con presuntos aportes ilegales de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011.
Al respecto, Fujimori Higuchi les pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones que se cumpla el debido proceso y la presunción de inocencia en el proceso que afronta.
“Estoy aquí y he venido para solicitar el debido proceso, no venimos para solicitar nada especial, por supuesto que en este punto sí coincidimos con el Ministerio Público: todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, se tiene que respetar también un derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia, que en este caso no ha ocurrido”, refirió.
La ex candidata presidencial consideró que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia por su parte.
“Se hizo una emboscada de parte del Ministerio Público, me detienen en la sede del Ministerio Público [cuando fui a una diligencia], mi sola presencia en ese edificio desbarata esos dos supuesto [peligro de fuga y obstrucción a la justicia]”, remarcó.
El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar por 10 días contra la ex candidata presidencial el último miércoles, a pedido del Ministerio Público.
Según la resolución judicial, existe peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori en tanto no cuenta con "arraigo de calidad" puesto que, no tendría arraigo laboral "al no tener trabajo conocido".
La decisión del magistrado Richard Concepción Carhuancho también se sustenta en que la lideresa de Fuerza Popular cuenta con ascendencia y familiares en Japón; y que su esposo es estadounidense.