El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción reprogramó para el 26 de abril, a las 9 de la mañana, la audiencia de solicitud de levantamiento de medida de incautación de inmuebles del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en el proceso por lavado de activos que se le sigue.
Al exmandatario se le acusa de actos de corrupción relacionados a los proyectos Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IIRSA, tramos 2 y 3; y el proyecto de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación, cuando fue presidente del Consejo de Ministros durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo, en 2002, que fueron adjudicados a la empresa brasileña Odebrecht.
La hipótesis del Ministerio Público señala que en los años en que se otorgaron las concesiones de ambos proyectos, en el país gobernaba Alejandro Toledo; mientras que PPK ocupó varios puestos claves como el ministro de Economía y Finanzas; presidente del Consejo de Ministros y presidente de ProInversión.
Por ello, para la fiscalía “PPK habría tenido injerencia en la Interoceánica Sur y en el proyecto de irrigación Olmos”.
En el primer caso, el Ministerio Público asevera que PPK “habría tenido intervención directa materializando el acuerdo corruptor entre Jorge Barata y Alejandro Toledo con el objeto de que la empresa Odebrecht se adjudicará la obra de construcción y mantenimiento del proyecto IIRSA Tramos 2 y 3, introduciendo conceptos económicos en la relación contractual, con la finalidad de que la empresa luego pueda favorecerse económicamente a sus intereses privados, mediante la contratación de asesorías”.
Mientras que en el Proyecto de Irrigación Olmos, la fiscalía encontró como hecho previo al contrato de concesión para esta obra, que las empresas Westfield Capital -de propiedad de PPK-, el Banco de Crédito y Odebrecht suscribieron el contrato de asesoría financiera que sería modificado posteriormente, mediante el cual Westfield Capital se encargaría de diseñar la estructura financiera necesaria para cubrir el financiamiento que le correspondería a Odebrecht en caso ganará la concesión.
“En otras palabras, a pesar de no haberse adjudicado aún el contrato de concesión de Olmos, Odebrecht ya había contratado a la empresa de PPK, para que los asesorara la estructuración de un programa de bonos corporativos y colocación de los mismos, los que finalmente fueron emitidos y adquiridos por distintas empresas por una suma de US$ 100 millones”.
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