El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, viajó este sábado rumbo a Ginebra, Suiza, para participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a tener vigente un impedimento de salida del país dictado por el Poder Judicial. La autorización se dio gracias a una resolución emitida por el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien suspendió temporalmente la medida restrictiva del 6 al 11 de septiembre.
La decisión judicial fue comunicada el viernes 5 de septiembre en horas de la tarde y, un día después, la presidenta Dina Boluarte oficializó el viaje mediante la Resolución Suprema N.° 190-2025-PCM. El documento lleva también las firmas del premier Eduardo Arana y del propio ministro.
En medio de críticas, el Gobierno justificó la autorización señalando que la presencia de Santiváñez en el foro internacional es de “interés nacional e institucional”.
El gasto total del viaje asciende a US$ 6,681.54, distribuidos entre pasajes aéreos (US$ 3,981.54) y viáticos (US$ 2,700). Durante su ausencia, el despacho de Justicia estará a cargo del ministro de Salud, César Vásquez.
La polémica en torno al viaje se suma a los cuestionamientos que arrastra Santiváñez desde su nombramiento. En el Congreso, legisladores de diversas bancadas impulsan una moción para que acuda al pleno e informe sobre los méritos y fundamentos de su designación, así como las acciones que viene realizando como titular de Justicia.
El ministro fue designado en el cargo el 23 de agosto, tras haber sido censurado semanas antes como titular del Ministerio del Interior. Además, enfrenta varias investigaciones de la Fiscalía, entre ellas una por presunto tráfico de influencias agravado. Según el Ministerio Público, habría intervenido para favorecer al expolicía Miguel Joel Marcelo Salirrosas en un proceso ante el Tribunal Constitucional.
Por este caso, el 5 de junio se le dictó 18 meses de impedimento de salida del país. No obstante, la Corte Suprema decidió otorgarle un permiso excepcional, limitado a los cinco días que dura su participación en el foro internacional. El abogado de Santiváñez, Carlos Caro, confirmó que la restricción se reactivará apenas regrese al Perú.
Durante su estadía en Suiza, el ministro participará en la presentación del informe anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sostendrá reuniones bilaterales con autoridades internacionales y formará parte de un debate general sobre derechos humanos.
Sin embargo, el trasfondo político no pasa desapercibido. Mientras en Ginebra se presentará como representante del Estado peruano, en Lima deberá explicar su trayectoria, las denuncias que arrastra y las razones por las cuales el Ejecutivo decidió mantenerlo en un cargo clave del Gabinete.
El caso de Santiváñez abre un nuevo capítulo de controversia en el Gobierno de Dina Boluarte. Por un lado, se resalta la importancia de la participación del Perú en foros internacionales. Pero, al mismo tiempo, la ciudadanía observa cómo un ministro con impedimento judicial logra salir del país con respaldo del propio Poder Ejecutivo.
La expectativa ahora está puesta en el regreso del ministro y en las respuestas que deberá dar al Parlamento y a la opinión pública. El viaje oficial podrá sumar puntos en la agenda diplomática, pero en el ámbito político interno, el costo de la decisión recién empieza a medirse.
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