El amanecer del sábado encontró al presidente interino José Jerí dentro de una cárcel. Rodeado de custodios y cámaras, supervisó personalmente el traslado de 45 presos de “alta peligrosidad” al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I, al norte de Lima. El operativo, organizado con precisión militar, fue difundido por la propia Presidencia en redes sociales, en un video que recordaba inevitablemente las puestas en escena del salvadoreño Nayib Bukele.
El traslado se realizó en el cuarto día del estado de emergencia decretado por Jerí en Lima y el Callao, una medida que permite la participación de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje y que restringe derechos de reunión y movilidad. Es, hasta ahora, la primera gran acción del nuevo mandatario en su anunciada cruzada contra el crimen organizado.
Los reclusos, condenados por sicariato, extorsión y secuestro, fueron retirados de penales como Castro Castro y trasladados bajo un riguroso operativo de seguridad. Vestían uniformes blancos y lucían la cabeza rapada. El Ministerio de Justicia explicó que el nuevo régimen penitenciario busca aislar totalmente a los cabecillas de redes delictivas que siguen operando desde las cárceles.
“Para restablecer el principio de autoridad en los penales se instauró el apagón eléctrico y la restricción de visitas”, se informó oficialmente. La puesta en escena fue calculada: imágenes de los presos en formación, custodiados por agentes encapuchados, mientras el presidente recorría el penal sin ofrecer declaraciones a la prensa.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, afirmó que los internos permanecerán bajo un régimen cerrado, con salidas al patio solo dos horas al día y visitas cada 15 días. Además, adelantó que próximamente se impondrán uniformes y cortes de cabello unificados, en clara alusión al sistema penitenciario de El Salvador.
Sin embargo, negó que el Gobierno esté copiando el modelo de Bukele. “Todo tiene una razón de ser. No es que estemos imitando medidas que se dan en otro lugar”, señaló Martínez. Pese a la aclaración, la comparación resulta inevitable: en ambos casos, la imagen del castigo colectivo y la disciplina extrema se utilizan como símbolo de autoridad frente al caos carcelario.
El nuevo pabellón de máxima seguridad puede albergar hasta 168 internos y cuenta con protocolos de control reforzado, vigilancia permanente y zonas de aislamiento. Según el INPE, es parte de una política para “reordenar” los penales y limitar los riesgos de comunicación ilícita, un problema que el propio Ministerio de Justicia considera raíz del poder de las mafias.
Durante la supervisión, Jerí estuvo acompañado del ministro Martínez y del jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Los tres supervisaron la llegada de los reclusos y su ingreso al nuevo bloque, bajo estrictas medidas de seguridad.
El operativo se produce en medio de un clima político tenso. Perú vive una severa crisis de inseguridad y una ola de protestas lideradas por jóvenes de la llamada Generación Z, que rechazan al Congreso y al propio Jerí, designado por el Parlamento tras la destitución de Dina Boluarte.
Los manifestantes acusan al nuevo mandatario de intentar imponer una política de mano dura sin abordar las causas estructurales de la violencia, mientras la clase política se encuentra en su nivel más bajo de credibilidad. Jerí, sin embargo, parece decidido a marcar distancia con sus predecesores y mostrarse como el presidente que “recupera el control”.
El Ministerio de Justicia ha anunciado que se realizarán nuevos traslados en los próximos días, concentrando a los internos más peligrosos en zonas especiales. La estrategia apunta a romper las redes criminales que desde hace años se reorganizan desde las celdas, operando extorsiones, secuestros y asesinatos por encargo.
Mientras el ministro Martínez se esforzaba en negar la imitación del modelo salvadoreño, la puesta en escena hablaba por sí sola. Uniformes blancos, cabellos rapados, filas de prisioneros agachando la cabeza: una postal de control absoluto. En tiempos de miedo e inseguridad, esa imagen resulta políticamente poderosa.
El Gobierno de José Jerí parece haber encontrado en las cárceles el escenario perfecto para enviar su primer mensaje de poder. En medio del descontento ciudadano y la crisis institucional, la mano dura puede convertirse —al menos por ahora— en su principal carta de legitimidad.
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