El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, es uno de los funcionarios públicos que tiene más privilegios de seguridad en el país. ¡Cuenta con 18 policías encargados de su resguardo! Solo lo supera, como es obvio, la presidenta Dina Boluarte.
Ni en la época más dura del terrorismo, allá por los años 80 y 90, una autoridad tuvo semejante custodia. Recuerdo, con estremecimiento y dolor, el caso del magistrado Domingo García Rada. En el año 1985, cuando tenía el mismo cargo que Salas, un grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso cosió su vehículo a balazos en plena calle del distrito de San Isidro, dejándolo grave. ¿Cuántos agentes lo cuidaban? Solo uno: el chofer Segundo Navarro Silva, quien murió acribillado en el acto.
La cantidad de agentes designados a Salas es una exageración. Una cachetada a los miles de peruanos que diariamente sufren el embate y el crecimiento del hampa, el crimen organizado, el robo de sus celulares, extorsiones, debido a la falta de policías y a una estrategia del Gobierno que hasta hoy brilla por su ausencia.
El titular del JNE es una persona con una influencia internacional envidiable que no la tiene cualquier peruano. El organismo que ha ordenado ese monumental privilegio es -¡otra vez!- la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde las elecciones del 2021, en donde fue elegido el golpista y hoy preso Pedro Castillo, Salas denuncia que es víctima de acoso personal, que provendría de grupos que consideran que permitió un fraude en aquella contienda electoral.
Sostiene, asimismo, que lo insultan, difaman y amenazan por las redes sociales, “incluso con la fotografía de una bala de fusil militar”. Y un hombre le gritó que debía ir preso o morir, aunque esa misma persona reconoció luego que había sido una expresión exagerada.
Sus denuncias, sin embargo, han sido rechazadas por las fiscalías porque no hay manera de corroborarlas. En las redes, como es de público conocimiento, abundan peores situaciones de las que alude y se queja el magistrado.
Cuando sus reclamos fueron rechazados, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la semana pasada se pronunció a su favor y obligó al Estado Peruano a adoptar las “medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad de Salas Arenas y su núcleo familiar”. Por eso le pusieron 18 policías de resguardo y todos sus reclamos serán investigados.
Lo mismo no ocurre con cientos de peruanos cuyos derechos han sido vulnerados y acuden a la CIDH, pero no encuentran rápida respuesta. La verdad de la milanesa es que Salas se victimiza frente a los ataques de los congresistas opositores que quieren sacarlo de su cargo.
Curiosa estrategia la de Salas, quien hace poco admitió que, cuando era abogado, tenía simpatía con ideas de izquierda y “probablemente” defendió a personas vinculadas a Sendero Luminoso. Nos vemos el otro martes.
*Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores
Contenido GEC