El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que él suscribió la contratación de un almirante en retiro como gerente general del Patronato del Parque de las Leyendas, a pesar de que no tenía los estudios superiores exigidos por el cargo, luego de haber recibido el visto bueno de todas las áreas correspondientes.
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“Es un exalmirante, es una persona con experiencia en manejo de zoológicos y todo eso está en su legajo. Me pongo a pensar, no lo hubiera podido contratar al señor Miguel Grau, al peruano del milenio. Es el cargo de un almirante, tenía toda la formación de un almirante y con la experiencia del caso, con toda la documentación, se firmó el documento”, dijo este lunes ante la prensa.
La Contraloría General de la República, en un informe reciente, encontró presunta responsabilidad penal en el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por la designación del gerente general del Patronato del Parque de Las Leyendas, Juan Carlos Marcelo Ampuero Trabuco.
El informe emitido el 22 de diciembre del 2021 señala que Muñoz designó a Ampuero Trabuco con la Resolución de Alcaldía N° 098 del 3 de enero de 2019, apenas iniciado su cargo en la comuna metropolitana, a pesar de que el actual gerente no contaba con el título universitario que exigía el cargo de confianza.
“A mí me traen una resolución para firmar con los vistos buenos de Legal, vistos buenos de lo que es la Subgerencia de personal, y documentos donde se me dice que cumple con todos los requisitos de ley”, aseguró el burgomaestre de Lima.
Jorge Muñoz garantizó que la información del legajo que sustentan la viabilidad de la designación de Juan Carlos Ampuero será entregada a las autoridades.
“Siempre daremos nosotros la cara y diremos por qué hemos hecho las cosas. A mí no se me puede imputar ninguna situación delictiva o ninguna irregular. Será algo que se verá en la instancia pertinente”, concluyó.
La contraloría advierte que ,durante enero del 2019, Ampuero a su vez designó a otros cuatro funcionarios en cargos de confianza que tampoco cumplían los requisitos establecidos para cargos de confianza, “afectando la idoneidad y la legalidad en el acceso y funcionamiento de la administración pública”.
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