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Un equipo de fiscales, acompañados de la Policía, intervino ayer el Instituto Superior Tecnológico Alas Peruanas en Ica, por presunto lavado de activos del exmiembro de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
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Esto forma parte del megaoperativo iniciado por la Fiscalía el martes, que ya ha incautado 290 muebles e inmuebles valorizados en mil millones de soles.
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Consultado por Trome, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que todos los bienes e inmuebles incautados, “en términos de su custodia, pasan a posesión del Estado”.
“Esta posesión transitoria se tiene que definir cuando se emita una sentencia. Si es condenatoria, los bienes pasan a propiedad del Estado”, agregó.
Además, indicó que los bienes e inmuebles incautados hasta el momento, vienen siendo administrados por el Estado, y será una instancia del Ministerio del Interior la que se encargaría de este trámite.
“Hay un organismo dentro del Ministerio del Interior, que administra los bienes incautados en estos términos. Ellos son los que se encargan de designar quienes van a estar a cargo de la posesión, de la administración, de determinados tipos de bienes”, explicó.
CASO ALAS PERUANAS
El jurista detalló que en el caso de la Universidad Alas Peruanas, esta casa de estudios “tendrá que ser administrada por una comisión que designe el Estado, hasta que se resuelva su situación jurídica, para no verse paralizada ni interrumpida”.
“El Estado define una comisión administrativa, la que verá el manejo. Ellos tendrán que ver quiénes integran esa comisión administrativa”, detalló.
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Locales vinculados a Alas Peruanas siguen siendo incautadas por la fiscalía que investiga a Joaquín Ramírez. (foto: GEC)
Lamas Puccio añadió que esa comisión que pueda crear el Estado, definirá “si los funcionarios actuales se mantienen”.
“No sé si cambiarán o no cambiarán, pero las personas que están siendo investigadas, no pueden integrar estas comisiones. El hecho que hayan cambiado las autoridades, y no estén los Ramírez administrando la universidad, no excluye la incautación de estos bienes, porque se parte de la premisa que estos bienes habrían sido adquiridos con dinero de procedencia irregular”, puntualizó.
