La decisión se tomó tras varias horas de análisis. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió rechazar la convocatoria a elecciones complementarias planteada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga.
El argumento central fue directo: no existe sustento legal para aplicar esta figura en elecciones generales. Según el ente electoral, se trata de un mecanismo previsto únicamente para procesos municipales y en condiciones específicas.
El documento oficial remarca que extender esa figura al actual proceso implicaría aplicar normas fuera de su ámbito, lo que afectaría principios como la legalidad y la seguridad jurídica.
Además, el JNE recordó que su actuación está sujeta a la Constitución y a las leyes vigentes, por lo que debe respetarse la voluntad popular expresada en las urnas.
Durante la evaluación, los magistrados concluyeron que las elecciones complementarias no forman parte del marco normativo para elecciones generales. Aplicarlas por analogía, indicaron, significaría una extensión indebida de la ley.
El organismo también precisó que este tipo de procesos solo se contempla en elecciones municipales y bajo supuestos específicos, como irregularidades graves o niveles elevados de votos nulos o blancos.
En esa línea, advirtió que admitir el pedido abriría la puerta a interpretaciones que afectarían la predictibilidad del proceso electoral.
El análisis también incluyó el impacto operativo. Para el JNE, organizar una nueva jornada implicaría alterar la secuencia del proceso y generar retrasos en hitos clave, como la segunda vuelta y la transferencia de mando.
El organismo alertó que una eventual elección complementaria no solo modificaría el cronograma, sino que también afectaría la igualdad de condiciones entre los actores políticos.
A ello se suma otro elemento: los resultados ya están avanzados en más del 90%. En ese contexto, una nueva votación podría incidir en la decisión de los electores al conocerse tendencias previas.
El JNE también abordó el tema del ausentismo, uno de los argumentos planteados en el debate. Según su análisis, este fenómeno no depende exclusivamente de la hora de instalación de las mesas.
Factores como condiciones socioeconómicas, dificultades de transporte, distancia a los locales de votación y desafección política influyen en la participación ciudadana.
El estudio estadístico reveló que el impacto del retraso en la instalación de mesas es limitado. Por cada hora de demora, la incidencia en la participación sería de apenas 0.86 puntos porcentuales.
En cifras, de las más de 24 mil mesas analizadas, una parte significativa se instaló después de las 8 de la mañana, pero el nivel de ausentismo no mostró variaciones determinantes.
El JNE también reconoció que existieron deficiencias en la organización, principalmente vinculadas a la ONPE, como retrasos en la entrega de material electoral en diversos locales.
Sin embargo, señaló que se adoptaron medidas excepcionales, como la ampliación del horario de votación, lo que permitió que miles de ciudadanos pudieran sufragar.
En ese contexto, el organismo concluyó que las incidencias registradas no justifican desconocer los resultados ni convocar a un nuevo proceso.
El caso continuará dentro del cauce regular. El JNE seguirá revisando actas observadas y resolviendo pedidos de nulidad, mientras reafirma que sus decisiones se rigen por el marco constitucional y el respeto a la institucionalidad electoral.
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