:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/9e7c5f6f-ca25-412b-8a2a-73c20adfd84b.png "Foto de José Carmen")
Un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional (PNP), permitió desmantelar una red clandestina de Internet, que estaba dentro del penal de Aucallama, en Huaral, y la que les permitía a los criminales hacer llamadas y escribir mensajes extorsivos contra emprendedores de la zona.
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De acuerdo a una investigación de ‘Cuarto Poder’, fue una banda la que instaló una antena de alta potencia fuera del penal, y los responsables fueron los mismos que instalaron una conexión ilegal en el penal de Ancón I: Juan Huaringa (ingeniero electrónico recluido en Lurigancho), Jhon Zafra (preso en Challapalca), Miguel Zafra (padre de Jhon), y Alex Cabrera Bautista (miembro de la banda).
COSAS POR MEJORAR
El exministro y general (r) de la PNP, Cluber Aliaga, dialogó con Trome, y analizó el por qué este grupo criminal tuvo tanta facilidad para instalar esta red, y por qué tomó tiempo descubrirla.
“La seguridad de los penales deja mucho que desear, como ocurre con otros servicios públicos, donde se requieren sistemas de control permanente. La lucha contra la criminalidad es permanente, no les puedes dar nada de ventaja (...) Además, es posible que haya corrupción de algunos funcionarios, bajo promesas de una prebenda. Lo otro podría ser que el personal haya sido amenazado. Por eso se requieren controles externos”, señaló a nuestro medio.
Cluber Aliaga recomendó realizar operativos con mayor frecuencia, para prevenir que se hagan nuevas instalaciones clandestinas de Internet.
En ese sentido, consideró que es necesario que la PNP y personal del INPE debe hacer operativos aleatorios para mantener un mejor control.
“Es importante hacer controles inopinados, desde la jefatura del INPE y la propia Policía. Entre la institución que entre, debe haber controles del momento, para verificar que la seguridad se mantiene en los niveles adecuados”, añadió.
Antena proveía de internet al penal de Aucallama.
Además, se mostró a favor de la posibilidad de privatizar el sistema penitenciario, pero no aplicarlo con todos los penales.
“Con privatización, se entiende en convertir a las cárceles en centros de producción, fábricas, para que los delincuentes primarios que superaron los 40 años de edad, y no pueden hacer actividades violentas, puedan trabajar ahí un 24/7. Que hagan actividades productivas, pero que no implique gasto al Estado. Pero las cárceles de máxima seguridad sí tienen que estar bajo la autoridad pública”, apuntó.
