MANO DURA. Atendiendo el reclamo de miles de ciudadanos que exigen medidas efectivas para detener la ola de criminalidad que azota el país, el Gobierno publicó este miércoles 23 de octubre un decreto supremo que obliga a los establecimientos de hospedaje y arrendadores a solicitar documentos de identidad o de viaje a las personas extranjeras que quieran hacer uso de dichas instalaciones.
Esta información migratoria, posteriormente, será registrada en una plataforma en línea de la Superintendencia Nacional de Migraciones. La herramienta estará disponible de forma gratuita y los operadores tendrán un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la norma para capacitarse en el uso adecuado del portal.
Los hospedajes que no cumplan con esta obligación serán sancionados con multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las infracciones incluyen no solicitar los documentos a las personas extranjeras, no registrar adecuadamente la información o no transmitirla a la plataforma de Migraciones.
“El decreto supremo promueve que las personas extranjeras mantengan una condición migratoria regular, lo que contribuirá a un entorno más organizado y seguro para los propios migrantes. También coadyuva a reducir los riesgos que surgen con la migración irregular, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, precisan.
Un día antes, el martes 22 de octubre, la presidenta Dina Boluarte se dirigió a la prensa después de más de 100 días. Mediante una conferencia junto a sus ministros anunció esta medida en medio de un discurso donde culpó a los extranjeros de la inseguridad en el país.
“Los vamos a capturar y los vamos a botar de nuestra patria”, afirmó la mandataria durante la reunión donde brindó un balance de su gestión.
“No es que no estemos haciendo nada, y ahora vamos a hacer un reajuste de Migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”, detalló.
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