La noticia difundida el martes pasado por El Comercio debería haber tenido el efecto de un misil, pero ninguna autoridad se ha atrevido a pronunciarse sobre ella: diez lugares en donde campea la minería ilegal se están convirtiendo, silenciosamente, en los nuevos Pataz.
Como se sabe, ese lugar, ubicado en la Libertad, se ha vuelto inmanejable. Hasta hoy han sido asesinadas 39 personas de una manera cruel e insana. La semana pasada se dio a conocer la existencia de una nueva fosa común, esta vez con cinco cadáveres.
La advertencia, recogida por el decano, no la ha hecho cualquier persona. Se trata del fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA).
Almanza ha declarado: “Existen al menos diez potenciales Pataz en el país. No están visibilizados porque no ha habido masacres como lo que se vivió en Pataz, pero tenemos minería ilegal crítica (…) No se les está dando la misma atención, pese al riesgo”.
Así empezó Pataz, nadie le prestaba atención. Lo mismo ocurrió, en los años ochenta, con Huaypetue. Ese pueblito perdido en Madre de Dios en donde existían centenares de lavaderos de oro, a través de los cuales los mineros ilegales sacaron toneladas de ese mineral y arrasaron con 60 hectáreas de bosques. ¿Lo recuerdan?
Los futuros potenciales Pataz están en Condorcanqui (Amazonas), Ayabaca (Piura), Datem del Marañón (Loreto), Cotahuasi (Arequipa), La Pampa (Madre de Dios), Tambopata (Apurímac), Puquio (Ayacucho), Reserva Comunal del Sira (Ucayali), Áncash (Recuay, Carhuaz, Antonio Raimondi, Huaraz) y Puno (Sandia, Carabaya).
Entre tanto, el combate a la minería ilegal en Pataz, después de la masacre de los trece trabajadores, no tiene aún resultados positivos. Las informaciones oficiales que llegan desde esa lejana zona dan cuenta de capturas importantes, pero no se trata solo eso. Se requiere de una estrategia global, transversal, donde prime el trabajo de inteligencia.
Paralelamente surgen versiones preocupantes, como la falta de pagos por viáticos, denunciada por varios policías que, de la noche a la mañana, con lo que tenían puesto, fueron enviados a ese convulsionado lugar, en donde los precios de los productos de primera necesidad están por las nubes.
No se avizoran, asimismo, acciones contra los clanes familiares dedicados a la minería informal que han construido imperios económicos. Una investigación de la periodista Graciela Villasís, de la Unidad de Investigación de El Comercio, identificó al grupo de los hermanos Teonila Maura y Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre, dueños de varios socavones, quienes viven en medio de lujos y opulencia.
Son dueños de hoteles, centros de esparcimiento, night clubs, centros comerciales, polvorines para almacenar explosivos, empresas de transportes, es decir, manejan toda la cadena productiva del oro ilegal. También tienen propiedades en otros departamentos.
La minería ilegal, señores, mueve montañas de dinero, muchísimo más que el narcotráfico. Es capaz de tomar las riendas del país. Muchos de esos mafiosos ya se frotan las manos para controlar al nuevo Gobierno y el Congreso del 2026. Avisados estamos. Nos vemos el otro martes.
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