POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de Investigación
La sentencia en primera instancia contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel –autor del libro ‘Plata como cancha’ y director de la editorial Penguin Random House, respectivamente– ha merecido la protesta de organismos internacionales que velan por la libertad de prensa.
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Se trata, como dicen respetados juristas, de un fallo que afecta la libertad de un hombre de prensa y el derecho de la ciudadanía a conocer sobre la vida de una persona pública, en este caso el conocido político César Acuña.
Enrique Ghersi, el abogado de Acuña, ha respondido que “no porque mucha gente diga que no le gusta el fallo sin haberlo leído van a tener la razón”. La gran batalla se dará en los tribunales superiores, como han anunciado todas las partes.
No es la primera vez que un periodista y una editorial son condenados por la publicación de un libro. Un caso escandaloso ocurrió a inicios del año 2005 cuando el poderoso narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’, querelló por difamación a las periodistas británicas Sally Bowen, Jane Holligan y la editorial Peisa.
Ambas habían escrito ‘El espía imperfecto. La telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos’. En una parte del mismo, citaban la declaración del colaborador de la DEA Óscar Benites. Les relató que Montesinos había establecido alianzas con poderosos narcotraficantes, entre ellos Zevallos.
La demanda cayó en manos del juez Alfredo Catacora, un magistrado no precisamente transparente.
El 4 de mayo de ese año, Catacora sentenció a las periodistas. Les prohibió hablar o publicar sobre Zevallos. Les impuso el pago de diez mil soles, lo mismo que a Peisa.
Un día antes de la sentencia, Zevallos –quien estaba seguro de que ganaría la querella– armó un plan siniestro para desprestigiar a Sally Bowen. Envió a un conocido relacionista público que trabajaba para él a conversar con la periodista. El emisario le entregó su teléfono para que, en ese momento, hablara con su jefe. Le dijo que Zevallos solo quería que hablara con él, se retractara, y retiraría la demanda.
Bowen, quien era una experimentada corresponsal, se negó rotundamente. “Se trata de una cuestión de principios”, le dijo.
Este columnista –quien entonces investigaba y publicaba en El Comercio las acciones delictivas de Zevallos– se enteró de que el narcotraficante esperaba la llamada de Bowen para grabarla y luego difamarla.
Apenas se conoció la sentencia, organismos nacionales e internacionales expresaron su protesta. Pero en ese entonces no existían redes sociales. Con un grupo de periodistas nos unimos y en solo 48 horas logramos hacer una gran manifestación en la puerta del Palacio de Justicia. ¡El narcotráfico no nos podía vencer!
Semanas después, un tribunal superior revocó el fallo de Catacora y el caso se archivó.
Los periodistas estamos expuestos a este tipo de situaciones. Por eso, el rigor y la verificación de lo que vamos a denunciar serán nuestras mejores defensas. Nos vemos el otro martes.
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