Justo ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en el Perú para presentar su informe y ha señalado que, durante las protestas antigubernamentales, se habrían cometido “ejecuciones extrajudiciales”, se ha revelado que el Gobierno de Dina Boluarte renovó por otros dos meses el contrato que se firmó en marzo pasado con la consultora Patriot Strategies para limpiar la imagen de nuestro país en Estados Unidos.
Según informó el diario ‘El Comercio’, la ampliación del acuerdo se firmó el pasado 10 de abril y tiene vigencia hasta junio próximo. La consultora, especializada en relaciones públicas, cobra al Gobierno una tarifa plana de US$ 40 mil mensuales, además de US$ 15 mil mensuales “por costos de administración y apoyo a la implementación”.
El contrato se extendió en un contexto de expectativas por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas sociales contra el Ejecutivo y el Congreso.
El documento firmado con Patriot Strategies es público y se encuentra alojado en la página oficial del Departamento de Justicia de los EE.UU. y lleva las rúbricas del diplomático Irving Jaime Lizarraga, representante de la Embajada de Perú; y George Seymore, presidente y director ejecutivo de Patriot Strategies.
Según expertos, muchas embajadas contratan con bufetes de este tipo para que realicen lobby, lo cual está reglamentado.
Según precisa el contrato, la consultora norteamericana se encarga de “evaluar el impacto de los acontecimientos actuales en el Perú relacionados con el mantenimiento y la defensa de la buena imagen [del país] en el extranjero. En particular en lo que afecta a los logros positivos alcanzados en los últimos décadas en materia de gobernabilidad democrática, crecimiento económico y desarrollo social, entre otros”.
Además, Patriot Strategies debe identificar y desarrollar relaciones con organizaciones y personajes con influencia en las relaciones bilaterales entre EE.UU. y Perú.
También debe “buscar, monitorear y producir material educativo objetivo y detallado” para actores que inciden en la agenda política, económica, social y de cooperación entre ambos países.
La Embajada peruana contrató a la consultora Patriot Strategies LLC, a cambio de un total de 55 mil dólares mensuales, el pasado 28 de febrero, días después de que la canciller Ana Cecilia Gervasi dijo en entrevista con The New York Times que la gestión de Boluarte “no tenía evidencias de que las manifestaciones fueron impulsadas por organizaciones criminales”.
Esa declaración contradecía el discurso de Boluarte y dejaba en el aire la posibilidad de que haya habido una vulneración de los derechos humanos. Por ese motivo, Gervasi intentó aclarar después de que se refería a que las investigaciones serían las que revelarían las pruebas de que sí hubo intervención de grupos terroristas azuzando la violencia en las marchas.
El acuerdo firmado era válido del 1 al 29 de marzo, con posibilidad de renovación, y habilitaba a Patriot a elaborar planes de crisis y a difundir mensajes en favor del gobierno peruano ante el Congreso de EE. UU., la Casa Blanca, instituciones académicas, ONG y grupos de expertos, la comunidad empresarial y los medios. Es decir, hacer lobby en favor del Gobierno de Boluarte.
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