UN PENAL LA ESPERA. Enmarrocada y bajo estricta custodia policial, la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por el caso de lavado de activos y tráfico de influencias de Andrés Hurtado, compareció esta noche ante la audiencia de control de identidad como parte del proceso en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La llamada ‘madre’ de Chibolín respondió a las preguntas de la jueza y dio sus generales de ley como nombre, ocupación, estudios, domicilio actual, entre otros datos.
Cabe recordar que la fiscal suspendida Elizabeth Peralta optó por entregarse a la justicia este miércoles, cumpliendo así con la orden de 18 meses de prisión preventiva emitida en su contra por la Corte Suprema.
La decisión de entregarse ocurre luego de que inicialmente su abogado, Benji Espinoza, afirmara que la magistrada no acataría la medida y optaría por permanecer en la clandestinidad.
Espinoza declaró que, tras conversaciones con la familia de su patrocinada, se decidió que lo mejor era enfrentar la justicia para demostrar su inocencia. Además, anunció que presentará un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional para intentar revertir la prisión preventiva.
El abogado reiteró que desconocía el paradero de Peralta hasta el momento de su entrega, pero valoró el gesto como una muestra de voluntad de colaborar con el proceso judicial.
En las próximas horas deberá informarse cuál será el penal en el que la fiscal cumplirá los 18 meses de prisión preventiva. Por el momento pasará la noche en la sede de Requisitorias de la PNP, en La Victoria.
Elizabeth Peralta es investigada por tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. Según Ana Siucho, esposa de Edison Flores, Andrés Hurtado habría solicitado un millón de dólares para interceder con la fiscal en la devolución de un cargamento de oro incautado a Lomas Doradas, empresa vinculada a la familia Miu Lei.
La Corte Suprema aprobó el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema para revocar las restricciones de comparecencia contra Peralta y ordenó 18 meses de prisión preventiva.
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