La tormenta política vuelve a golpear al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Esta vez, no por decisiones recientes, sino por hechos ocurridos durante su breve y convulsa gestión al frente del Ministerio del Interior. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo acusa de haber usado su cargo para beneficiarse con contrataciones en favor de una estructura digital que buscaba apuntalar su imagen.
La denuncia constitucional, presentada ante el presidente del Congreso, José Jerí Oré, señala al ministro como presunto autor de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, delitos sancionados con cárcel en el artículo 399 del Código Penal. El documento recoge lo que ya era un secreto a voces en pasillos políticos: Santiváñez habría montado una maquinaria de respaldo en redes sociales.
El nombre que aparece como pieza clave es el del ex policía Luis Pineda Rodríguez, señalado como operador digital de cabecera.
De acuerdo con la investigación, Pineda no solo difundía campañas en favor de Santiváñez, sino que además fue contratado oficialmente por el Ministerio del Interior a través de órdenes de servicio.
El dominical Cuarto Poder había revelado conversaciones de WhatsApp donde se alentaba a votar a favor de Santiváñez en encuestas virtuales, presentándolo como “el único ministro que pelea por la Policía”. Según la denuncia, esos mensajes fueron compartidos por Pineda, quien incluso celebró el resultado de un sondeo en el que el funcionario alcanzó un 67% de respaldo.
Los registros oficiales muestran que Pineda visitó varias veces la oficina de comunicación del ministerio, dirigida entonces por Adriana Janette Rodríguez Jadrosich. Llama la atención que su primera visita ocurrió antes de que existiera un requerimiento formal para contratar sus servicios. Poco después, se emitió un memorando que abría la puerta a su contratación.
En paralelo, Pineda fundó junto a Clara Rosasco la Corporación Águila Seis Policial (Corpasol), que en tiempo récord comenzó a dar capacitaciones a la Policía Nacional con fondos descontados de las remuneraciones de los propios agentes. Lo curioso: en las redes sociales de esta empresa también se multiplicaban los mensajes a favor de Santiváñez.
Los defensores del ministro alegan que se trata de simples coincidencias y que los contratos fueron legales. Pero para la fiscal Espinoza, los hechos configuran un patrón que podría encajar en la figura de negociación incompatible: un funcionario que interviene en decisiones en las que tiene interés personal.
El documento fiscal va más allá: advierte que después de recibir los contratos, Pineda continuó visitando la oficina de comunicación del ministerio, lo que demostraría un contacto sostenido y funcional con la estructura oficial mientras promocionaba a Santiváñez en redes sociales.
No es la primera vez que el actual ministro de Justicia enfrenta cuestionamientos. En su paso por el Mininter ya cargaba con el caso conocido como el del ‘capitán culebra’, en el que se le acusó de abuso de autoridad. Hoy, el peso de una denuncia constitucional podría convertirse en su mayor frente judicial.
El futuro de Santiváñez ahora depende del Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidirá si admite la denuncia para investigación. De ser así, se abrirá un proceso que podría terminar en sanción política o incluso en inhabilitación. Entre tanto, el ministro sigue en funciones, pero con la sombra de una “portátil digital” que lo persigue hasta hoy.
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