El expresidente Alejandro Toledo tomó la decisión de no entregarse e iniciar una batalla legal para evitar su extradición. Uno de los argumentos de su defensa es que en el Perú no contaría con garantías de un proceso justo, debido a la crisis política que vive el país, pero el fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, confía en que la corte de Estados Unidos ordene pronto su detención.
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“Ya la decisión del juez está tomada y cualquier otra circunstancia sobreviniente tendría que haber sido materia de evaluación de la parte política. Y esa decisión acaba de ser tomada hace días. En ese contexto, está claro que para el gobierno de EE. UU., el Perú es un país donde se cumple con el estado de derecho y se respetan los derechos fundamentales de las personas, específicamente del señor Toledo […] No resulta comprensible ni coherente su argumento. Sin embargo, es la expresión de sus abogados y eso deberá ser resuelto con prontitud”, explicó Vela en una entrevista con el diario ‘El Comercio’.
“Era posible que no se entregue voluntariamente, sí, pero también podía caber una reflexión final dentro de lo que correspondería a su propia condición de expresidente, que contemporice las circunstancias de comparecer a las autoridades del Perú, de afrontarlas con todas las garantías y seguridades, que han sido clara y debidamente reconocidas por el Gobierno de EE.UU. En la decisión del Gobierno de EE.UU. hay por un lado, la abrumadora evidencia; pero adicionalmente se ha verificado que el señor Toledo no es un perseguido político y que se le han brindado las garantías del debido proceso”, señaló en otro momento.
Cabe recordar que el gobierno de Estados Unidos ya solicitó a la justicia de su país detener al exmandatario, por lo que el juez Thomas S. Hixson dio cuenta del pedido y programó la audiencia para evaluar la solicitud de regresarlo a prisión para el próximo 9 de marzo. Vela confía en que se le revoque el arresto domiciliario y se proceda a la entrega de Toledo a las autoridades peruanas.
“Para nosotros, lo congruente es que el juez Hixson deberá ordenar la aprehensión del señor Toledo y ponerlo a disposición de las autoridades para que se inicie el proceso administrativo de su entrega física al Perú. No debería haber ningún tipo de inconveniente. Somos optimistas porque es el mismo juez que certificó la extradición en septiembre del 2021, conoce todos los antecedentes y todos los argumentos [de Toledo] ya han sido discutidos en el proceso de extradición. Estamos esperando con paciencia, pero creemos, con optimismo, que el señor Toledo deberá ser entregado con fecha posterior al 9 de marzo”, precisó el fiscal.
“El señor Toledo en todo momento ha obstaculizado el proceso de extradición. Es más bien congruente con su propia decisión de eludir la acción de la justicia cuando dejó el Perú en enero del 2017. Para nosotros no es ninguna sorpresa que el señor Toledo siga tratando de generar escenarios donde pueda controvertir la decisión ya tomada por el Gobierno de EE.UU.”, añadió.
La Fiscalía peruana también está tramitando la extradición de Eliane Karp, quien hace poco solicitó al Gobierno de Estados Unidos la devolución de su pasaporte para viajar a Bélgica a visitar a su madre. El temor de los investigadores peruanos es que ese país no extradita a sus ciudadanos.
“El Perú ya cumplió con lo que corresponde al presentar la evidencia y la necesidad del arraigo de la señora Karp. Ya queda en manos de las autoridades norteamericanas hacer una evaluación de toda la documentación que ellos tienen y evaluar si deben tomar el mismo camino que tomar con el señor Toledo en su momento”, comentó Vela.
“Ahora tenemos la posibilidad de que luego de que el señor Toledo sea entregado, se le tenga que restituir el pasaporte a la señora Karp. Nosotros nos hemos opuesto, pero eso ya es absoluta decisión del gobierno de EEUU. Probablemente se puedan hacer algunos esfuerzos a través de la Unidad de Cooperación Internacional nuestra, de la Cancillería, pero finalmente es una decisión del gobierno de EE.UU”, añadió.
Tras ser notificado de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió su proceso de extradición al Perú, el expresidente Alejandro Toledo ha decidido no entregarse de manera voluntaria a las autoridades y apeló a la situación del vacado Pedro Castillo y al estado de emergencia producto de las protestas que se registran en todo el país para suspender el proceso.
“Las condiciones en Perú se han vuelto considerablemente más peligrosas. La destitución del presidente Pedro Castillo ha resultado en una declaración prolongada de Estado de Emergencia; la suspensión de derechos constitucionales cruciales; y protestas violentas, acompañadas de respuestas aún más violentas de la Policía”, alegó el expresidente a través de defensores, los abogados públicos federales Jodi Linker y Tamara A. Crepet.
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Además, alegan que Toledo “sufrirá un daño irreparable” a su condición, además de los problemas de salud que padece el expresidente, su edad (76 años), las “condiciones penitenciarias deficientes en el Perú y la inestabilidad política del Perú”, según el documento al que tuvo acceso el diario ‘El Comercio’.
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