El juez Rafael Martínez, a cargo de evaluar la formalización del proceso contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud por el caso de esterilizaciones forzadas, señaló que el expresidente no podría ser juzgado y condenado en este proceso porque no se ha incluido en los cargos por los cuales fue extraditado desde Chile.
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Durante la audiencia que se llevó a cabo esta mañana y que el magistrado señaló que se llevaría en dos turnos (a las 9 a.m. y a las 3:30 p.m.), Martínez recordó el marco legal que norma los procesos de extradición entre Chile y Perú y detalló que ahí se explica que el extraditado no puede ser “juzgado o penado” por delitos que no hayan sido incluidos en el pedido de extradición.
“Refiriéndome a la norma que comento, se puede establecer meridianamente que la instrucción permite un alcance a este principio de especificidad y no solo a los actos que van a viabilizar un juzgamiento y un castigo como se ha descrito en la norma correspondiente, toda vez que en este caso el denunciado debe ser comprendido desde el inicio del proceso”, indicó.
“Por lo tanto, esta situación del investigado Fujimori Fujimori, virtud de la sentencia de la Corte Suprema del país vecino que concede su extradición, impediría la tramitación formal de este proceso al no estar estos hechos comprendidos entre los delitos por los cuales se autorizó su extradición”, añadió.
El magistrado señaló que el proceso penal depende, en este aspecto, de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Chile y atendiendo algún pedido de ampliación de extradición.
El juez dijo este jueves 2 de diciembre que espera concluir con la lectura de su resolución hoy viernes, para así confirmar si es que procede o no la formalización de la denuncia del Ministerio Público contra Alberto Fujimori por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Mamerita Mestanza Chávez y otras, en el caso conocido como esterilizaciones forzadas.
La denuncia fiscal alcanza a Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta por la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguida de muerte, en un contexto de violación a los derechos humanos.
Según el Ministerio Público, las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Además, indicó que habría evidencia en los documentos que solicitaban a los pacientes sus consentimientos a la práctica de la esterilización pero no se redactaron en quechua ni se respetó su idiosincrasia familiar y religiosa.
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