Las enormes estructuras metálicas siguen allí, inmóviles sobre la azotea del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, como un recordatorio silencioso de un proyecto que prometía modernizar la señal del Congreso y terminó atrapado entre errores técnicos, arbitrajes y sentencias judiciales. Siete años después, las antenas satelitales compradas con dinero público permanecen abandonadas mientras el Parlamento enfrenta una amenaza que golpea directamente sus finanzas: el posible embargo de sus cuentas.
El caso fue revelado por un informe emitido este 10 de mayo en el programa Cuarto Poder, donde se expuso cómo la adquisición de un sistema de transmisión satelital terminó derivando en una controversia legal que aún no encuentra salida.
Lo que comenzó como una apuesta tecnológica durante la gestión de Daniel Salaverry hoy es un conflicto que involucra millonarias deudas, fallos judiciales y cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado.
Todo se remonta al año 2018, cuando el Congreso decidió impulsar la ampliación de la cobertura de Canal Congreso. La intención era transmitir debates parlamentarios y sesiones plenarias a nivel nacional e internacional mediante una moderna estación terrena satelital. Para concretar el proyecto, el Parlamento destinó una inversión de un millón novecientos veinticinco mil seiscientos noventa y dos soles.
La empresa Río Pacífico S.A.C. fue contratada para ejecutar la instalación. Los trabajos avanzaron parcialmente y parte de los equipos fueron colocados en la azotea del edificio congresal. Sin embargo, el proyecto se frenó cuando debía instalarse la antena principal, la más grande y pesada de toda la estructura.
Según los representantes de la empresa proveedora, el enorme plato satelital solicitado por el Congreso incumplía normas urbanísticas y excedía los límites estructurales permitidos para una edificación ubicada dentro del centro histórico de Lima. El problema, sostienen, nunca fue advertido en las especificaciones técnicas entregadas por el Parlamento.
“No era posible ni el tamaño, ni el peso, ni la instalación propiamente”, explicó Raúl Ubidia, gerente general de Río Pacífico S.A.C., durante el reportaje. Jorge Amorós, accionista de la empresa, afirmó que el requerimiento técnico entregado por el Congreso ordenaba instalar una antena de siete punto tres metros sin considerar restricciones relacionadas con la protección del casco histórico reconocida por la UNESCO.
El conflicto explotó oficialmente el 3 de junio de 2019, cuando el Ministerio de Cultura negó la licencia para colocar la estructura principal. El documento advertía que la instalación afectaba visualmente el centro histórico y que el edificio no soportaba las condiciones requeridas para montar la antena.
Desde entonces, las estructuras quedaron abandonadas sobre la azotea. Equipos tecnológicos permanecieron almacenados sin funcionar y el proyecto terminó convertido en una imagen de fracaso administrativo. “Es un escándalo y, sobre todo, que todo el hardware, todos los equipos están tirados ahí. No presta el servicio que debería darnos a todos los peruanos”, señaló Jorge Amorós.
Daniel Salaverry también fue consultado en el informe y cuestionó el manejo del proyecto. “Son chatarra, sí. ¿Y quién le devuelve el dinero a todos los peruanos? Porque el dinero del Congreso no es de los congresistas, el dinero del Congreso es de todos los peruanos. Debe haber un responsable. ¿Quién aprobó ese expediente técnico?”, declaró.
Durante años, distintas mesas directivas intentaron encontrar soluciones para salvar la inversión. Entre las alternativas evaluadas estuvo trasladar la antena principal a predios ubicados en la avenida Argentina y en Ancón. Sin embargo, según la empresa contratista, las propuestas resultaban inviables por los altos costos adicionales que implicaban.
La controversia dio un nuevo giro en diciembre de 2021, cuando el Congreso resolvió el contrato con Río Pacífico alegando incumplimientos y retrasos. La decisión llevó el caso a un arbitraje que finalmente falló en contra del Parlamento y ordenó el pago de las prestaciones ejecutadas hasta junio de 2019.
Para la empresa, el fallo confirmó que la paralización del proyecto no fue responsabilidad suya. “Siete años que venimos luchando constantemente a través de múltiples cartas, mesas directivas que no han hecho una solución. Ni siquiera hemos visto que haya una voluntad de solución”, sostuvo Jorge Amorós.
En marzo de 2025, el Poder Judicial ratificó el laudo arbitral y ordenó que el Congreso cumpla con el pago correspondiente. Sin embargo, según denunciaron los representantes de Río Pacífico, el Parlamento todavía no acata plenamente la resolución judicial.
“Habiendo nosotros agotado estas etapas, el Congreso hace caso omiso de estos mandatos, incumpliendo, siendo el Congreso uno de los poderes del Estado, el mandato de otro de ellos. Es realmente el mundo al revés”, afirmó Raúl Ubidia.
El Congreso respondió mediante un comunicado en el que señaló que algunas pretensiones indemnizatorias de la empresa fueron declaradas infundadas y recordó que un laudo arbitral también dispuso que Río Pacífico pague S/ 192,569.20 por penalidades por mora.
Pero el conflicto sigue escalando. Jorge Amorós reveló que actualmente evalúan solicitar el embargo de las cuentas del Congreso para ejecutar el cobro de la deuda. “Tenemos que ir hacia esas medidas porque realmente no hay nadie que quiera responder a lo que está sucediendo. Es un escándalo”, expresó.
Mientras tanto, las antenas permanecen inmóviles sobre el edificio parlamentario. Lo que iba a convertirse en una vitrina tecnológica del Congreso terminó transformado en un símbolo de cuestionamientos técnicos, dinero público comprometido y una disputa judicial que todavía no encuentra final.
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