Afuera. José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, abandonó la sede del Ministerio Público luego de que se cumpliera el plazo de 48 horas de detención policial, en medio de las investigaciones por las fallas logísticas registradas durante las elecciones del 12 de abril.
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Encerrado en una polera gris, con el rostro cubierto y sin detenerse ante nadie, Samamé Blas abandonó la sede del Ministerio Público. Lo hizo en silencio, apurado, evitando cámaras y preguntas, como si el ruido de los últimos días todavía lo persiguiera.
José Samamé fue detenido por 48 horas durante la investigación por demoras en la entrega de material electoral por la ONPE. (Foto: Andina)
El exgerente de Gestión Electoral de la ONPE recuperó su libertad luego de que se cumpliera el plazo de 48 horas de detención policial. Había sido intervenido el lunes, en medio de una tormenta política y administrativa que estalló tras las fallas en el despliegue del material electoral durante las elecciones del 12 de abril.
Fuentes señalaron que la Fiscalía dispuso que las investigaciones continúen con el exfuncionario en libertad. No se ha cerrado el caso. Por el contrario, Samamé deberá volver cuando sea citado para ampliar su declaración en el proceso que busca establecer responsabilidades.
Más temprano, había sido trasladado desde el Depincri hasta el edificio Wiese, sede fiscal. Horas después, salió sin dar una sola palabra. Incluso, en su intento por esquivar a la prensa, realizó un salto para atravesar una construcción y desaparecer rápidamente del lugar.
LA DETENCIÓN QUE DESATÓ EL CASO
La historia se remonta al lunes, cuando la Policía Nacional lo detuvo en flagrancia por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. La intervención ocurrió apenas minutos después de que presentara su carta de renuncia al cargo.
En ese documento, Samamé reconocía su responsabilidad directa en las fallas logísticas que marcaron la jornada electoral. Admitía que, pese a los esfuerzos desplegados, los problemas en la distribución del material afectaron el desarrollo del proceso, especialmente en Lima.
Las diligencias no se hicieron esperar. La Dirección contra la Corrupción ejecutó la detención como parte de una investigación más amplia. Durante su permanencia en la Fiscalía, fue sometido a un interrogatorio y a la revisión técnica de su teléfono celular, en busca de elementos que ayuden a esclarecer los hechos.
El caso gira en torno a un contrato clave: el servicio de transporte del material electoral. Según la investigación, la empresa Transportes Galaga obtuvo la licitación pese a presentar costos más altos que sus competidoras. Además, registraba penalidades previas impuestas por la propia ONPE por incumplimientos.
José Samamé, quien renunció por demoras de entrega de material a la ONPE; fue detenido este lunes. (Foto: El Comercio)
INVESTIGACIÓN ABIERTA Y MÁS DILIGENCIAS
La liberación de Samamé no implica el cierre del caso. La Policía dejó en claro que se trató únicamente del vencimiento del plazo legal de detención. La carpeta fiscal sigue abierta y el foco está puesto en determinar si hubo beneficios indebidos en la adjudicación del contrato.
Las autoridades buscan establecer si existieron irregularidades que hayan perjudicado los recursos del Estado. Para ello, se analizarán las pericias realizadas al celular del exgerente y se convocará a otros funcionarios que participaron en el proceso de licitación.
No se descarta que, en función de los hallazgos, se soliciten nuevas medidas restrictivas. Todo dependerá de los elementos de convicción que se recojan en las próximas etapas de la investigación.
El contexto agrava la situación. Las fallas logísticas no fueron menores: más de 50 mil electores en tres distritos de Lima no pudieron votar el domingo y tuvieron que regresar a las urnas al día siguiente. La jornada estuvo marcada por retrasos, colas y malestar ciudadano.
La ONPE, en un primer momento, atribuyó los problemas a una empresa tercerizadora. Sin embargo, la renuncia del gerente responsable reforzó la hipótesis de fallas internas en la planificación y ejecución del operativo electoral.
Ahora, con el exfuncionario en libertad pero bajo investigación, el caso entra en una nueva etapa. Una en la que las respuestas ya no se buscarán en una salida apresurada, sino en documentos, peritajes y declaraciones que deberán reconstruir lo ocurrido en una de las jornadas electorales más cuestionadas de los últimos tiempos.
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