
El retraso en la entrega del material electoral en Lima sur no solo afectó el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. También puso en el centro de la investigación el proceso que llevó a la ONPE a elegir a la empresa Galaga para ejecutar el servicio.
Documentos revisados evidencian que la compañía fue seleccionada pese a presentar la propuesta económica más alta entre los postores. El monto ofrecido por Galaga ascendía a S/ 6,368,332.75.

En el mismo proceso, el Consorcio AFE presentó una propuesta de S/ 5,898,928.66, mientras que Hermes Transportes Blindados ofertó S/ 6,200,184.56. Ambas cifras eran menores.
La diferencia económica no fue el único elemento observado. El proceso de adjudicación incluyó condiciones técnicas y decisiones que ahora forman parte de las diligencias en curso.
Uno de los puntos que llamó la atención fue que, pese a que los términos exigían que la empresa contara con 40 vehículos propios, se evidenció que Galaga realizó convocatorias para alquilar hasta 400 furgonetas.
CRITERIO CLAVE EN LA ADJUDICACIÓN
El concurso llevado a cabo el 9 de marzo incluyó un elemento que, según una fuente cercana al proceso, no estaba contemplado en las bases iniciales. Se trata de un “criterio” utilizado para evaluar la capacidad útil de los vehículos.
Este factor generó cuestionamientos por parte de las otras empresas participantes. Tanto el Consorcio AFE como Hermes dejaron constancia notarial de su desacuerdo con la aplicación de ese criterio.
Según la evaluación aplicada, para calcular el metraje cúbico de los vehículos se descontaban dos metros correspondientes a la cabina. La ONPE sostuvo que ese espacio no debía ser considerado porque allí se ubicaban el conductor, el copiloto y el comisionado.
Las empresas competidoras señalaron que ese método no estaba especificado en los términos de referencia. Indicaron que el cálculo debía realizarse en función de la tarjeta única de circulación.
El uso de este criterio permitió a Galaga obtener 100 puntos en la evaluación técnica, mientras que Hermes alcanzó 80 y el Consorcio AFE 70.

FIRMAS BAJO INVESTIGACIÓN Y RESPUESTAS
El documento que contiene los términos de referencia fue firmado por José Samamé Blas, entonces gerente de Gestión Electoral, y Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral.
Samamé Blas fue detenido por la Dirección Contra la Corrupción por un presunto delito de omisión o demora de actos funcionales. En el caso de Phang Sánchez, mantiene una investigación por presunta participación en una organización criminal.
Las diligencias también alcanzan el contexto en el que se otorgó el contrato. La selección de Galaga se sustentó, según la ONPE, en que cumplía con el requisito de contar con vehículos de mayor capacidad.
Además, las bases exigían la contratación de dos pólizas: una de más de 20 millones de soles para cubrir el material electoral y otra de 29 millones para equipos informáticos.
En paralelo, la empresa incrementó su capital en 5 millones de soles en mayo de 2025, de acuerdo con registros de Sunarp, dato que también forma parte del análisis.

Frente a los cuestionamientos, Galaga emitió un comunicado en el que rechazó cualquier responsabilidad directa en los retrasos. Señaló que cumplió con todas las obligaciones establecidas en el contrato.
La empresa sostuvo que el servicio fue ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas de la ONPE, y que las demoras respondieron a factores ajenos a su operación.
Asimismo, pidió a la entidad electoral que emita aclaraciones y ofrezca disculpas públicas por el impacto generado en su imagen institucional.
Mientras tanto, las investigaciones continúan y buscan determinar si el proceso de adjudicación y la ejecución del servicio se ajustaron a las condiciones establecidas o si existieron responsabilidades en las fallas que afectaron la jornada electoral.
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