La segunda vuelta de las Elecciones Generales se desarrollará el domingo 6 de junio. Entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) estará el próximo presidente del Perú, pero quien llegue a Palacio de Gobierno tendrá que lidiar con verdaderas ‘bombas de tiempo’.
No solo tendrá que enfrentarse a la pandemia del Covid-19, sino que también tendrá que iniciar acciones para la reactivación de la economía. Además, deberá tomar postura frente a las leyes populistas dejadas por el actual Congreso.
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Para el economista Jorge González Izquierdo las leyes de este Parlamento podrían causar un grave impacto en el comportamiento macroeconómico. Según refirió, este Congreso se ha convertido en ‘una fuente permanente de shock de oferta negativo’, lo que tendrá severas consecuencias para el próximo régimen.
“Estas leyes afectarán las finanzas públicas, el proceso de determinación de salarios en la economía. Desnaturaliza una serie de instituciones, como el seguro público y privado de pensiones. Podría desestabilizar el comportamiento del Banco Central de Reserva (BCR) y poner en peligro la estabilidad del sistema monetario financiero del país”, acotó.
El legislador Diethell Columbus (Fuerza Popular) consideró que será clave el nombramiento del ministro de Economía y Finanzas. “El nuevo gobierno deberá revisar lo que es viable, pero más allá de los argumentos fríamente numéricos. Después de eso se tomarán las decisiones, aunque pensando en romper la hegemonía dictatorial del MEF”, dijo.
HABLA MACERA
Por su parte, Diego Macera, gerente general del IPE, señaló que cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski asumió el cargo en julio del 2016, heredó casi la misma agenda de pendientes que tuvieron sus antecesores: mejorar el sistema de inversión pública, reducir la informalidad, potenciar la productividad, etc. Y, nuevamente, en el quinquenio se avanzó poco y nada.
“El siguiente jefe de Estado asumirá no solamente esta vieja posta, sino que partirá con la desventaja adicional de una economía golpeada por la pandemia y un marco legislativo en continuo deterioro. Algunos desatinos del presente Congreso han sido adecuadamente atajados por el Ejecutivo o el Tribunal Constitucional –sobre todo aquellos que implicaban gasto público–, pero no todos”, precisó el especialista.
Finalmente, dijo lo siguiente: “Lo que preocupa sobremanera es esta nueva sensación de que cualquier cosa puede pasar por el Legislativo. El que sea una pésima idea ya no es limitación. En el Estado, ello complica enormemente la gestión pública meritocrática, y en el sector privado, reduce al mínimo la predictibilidad que necesita cualquier negocio para invertir y contratar personal”. (Con información de El Comercio)
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