Para buscar soluciones al reclamo de los mineros artesanales e informales, la presidenta Dina Boluarte realizó ayer una mesa de trabajo, en la que participaron el titular del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y representantes del Poder Judicial. Sorprendió la ausencia de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
El Ejecutivo no envió una invitación para Espinoza, o para que asista alguien de la Fiscalía.
El defensor del Pueblo justificó la decisión de Boluarte, asegurando que la Fiscalía ‘no es un poder del Estado’. “El Ministerio Público no tiene nada que ver. En el fondo, debió haber invitado solo al presidente del Congreso, porque allí se va a discutir la Ley MAPE”, dijo.
Posición similar tuvo el premier Eduardo Arana, quien aseveró que el no haber invitado a Espinoza no es un conflicto.
“Quiero descartar que exista algún tipo de conflicto entre el Gobierno y el Ministerio Público. Las relaciones que hay son de cooperación y de trabajo mutuo. Descarto cualquier tipo de colisión entre ellos”, afirmó.
“El motivo de la agenda tiene un propósito y consideramos que de repente en este momento no es el más adecuado. La apertura del Gobierno y de esta comisión es democrática para todos los sectores”, aseveró.
Temprano, Espinoza refirió estar sorprendida de esta decisión de Dina, lo cual provocaba ‘extrañeza y preocupación’. En la reunión se abordó el proceso de formalización de los 31,560 registros autorizados, y buscar implementar derechos laborales para los trabajadores mineros.
“(Que no se invite a Delia Espinoza) es un ejemplo más de lo que genera el conflicto interinstitucional del sistema de justicia en sentido amplio; y aquí la específica necesidad de la Fiscalía de la Nación de investigar ayer al presidente Castillo y hoy a la presidenta Boluarte” - César Nakazaki.
Contenido GEC