Política

Poder Judicial le varía la prisión preventiva a Susana Villarán por arresto domiciliario

La decisión de la Sala Penal Anticorrupción se produce ante el riesgo que tiene la exalcaldesa de Lima Susana Villarán de contraer coronavirus en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada decidió este jueves variar la orden de prisión preventiva por 24 meses en contra de la exalcaldesa de Lima por arresto domiciliario ante el riesgo de contraer (COVID-19) en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

Este fallo se produce luego de que la defensa de Villarán apeló la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la exalcaldesa en el marco de la investigación que se le sigue por el Caso Lava Jato. El mismo fue dado a conocer por la cuenta institucional de Twitter de la referida corte.

En los argumentos esgrimidos por el abogado de Villarán, Raúl Pariona, la exalcaldesa “ha cumplido ya más de diez meses de privación de libertad, tiempo transcurrido en el que han variado las razones que sustentaron la prisión preventiva en su momento”.

Asimismo, señaló que su patrocinada se encuentra en la población de riego al tener 70 años y una enfermedad preexistente (lupus), por lo cual puede contraer el COVID-19 en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva.

Cabe recordar que el pasado 28 de marzo el Juzgado Penal 31 de Lima rechazó una solicitud para que una junta médica evalúe el estado de salud de Susana Villarán ante el riesgo de contagio.

Del mismo modo, en febrero la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó la apelación del hábeas corpus presentado por la exautoridad edilicia para revertir la ratificación y ampliación de 18 a 24 meses de prisión preventiva en su contra.

Según la tesis fiscal, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht. La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones.

Además, OAS le habría entregado a la exalcaldesa otros US$4 millones para su campaña de reelección en el 2014. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido José Miguel Castro.

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