El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, José Luna Gálvez, envió un documento a la Contraloría General de la República, para que esta institución realice sus labores de control y fiscalización de forma inmediata, en los gobiernos regionales de Piura y Lambayeque.
Cabe precisar que Luna Gálvez envió el oficio N° 2296-2022-2022-CPCGR/JLLG-CR, luego de que los gobernadores regionales de estos departamentos, Luis Enrique Neyra León (Piura) y Jorge Luis Pérez Flores (Lambayeque), se negaran a participar de las sesiones de la comisión a las que fueron invitados, tanto el 25 de abril como el 2 de mayo de este año, en donde debían exponer sobre su ejecuición presupuestal en el primer trimestre del año, como lo establece la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2023.
De esta manera, se pide a la Contraloría que pueda realizar las acciones de supervisión respecto a la ejecución del Programa 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; así como al Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres (Fondes); y las transferencias y otras operaciones presupuestales ejecutadas hacia los gobiernos regionales y locales para emergencia y atención de desastre.
“Esta Comisión viene realizando sus funciones de control y fiscalización de la ejecución del presupuesto de las Entidades del Sector Público; y mediante la Ley 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente, y sus modificatorias, se han asignado recursos presupuestarios para fortalecer la lucha contra la corrupción en las acciones del Estado”, se lee en la carta.
Además, el titular de Presupuesto señala que la Contraloría tendrá un plazo de 30 días para realizar esta inspección. Culminado ese periodo, se deberá informar de manera inmediata a su grupo de trabajo, detallando las observaciones, responsabilidades y sanciones derivadas del proceso de control conforme lo establece la Ley 31288.
“La transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado, y en especial la información financiera y presupuestal, es un objetivo para el fortalecimiento de la capacidad de la lucha del Estado frente a los actos de corrupción; por lo que la reiterada negativa del Gobierno Regional de Piura y Lambayeque a brindar dicha información, debilita la capacidad del Estado en su lucha contra la corrupción”, agrega Luna.
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