Retrocedieron. El Pleno del Congreso no debatió ayer el informe en mayoría que emitió la Comisión de Justicia, el cual recomendaba destituir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por falta grave.
El último martes, los jueces de la Tercera Sala Constitucional concedieron en parte la medida cautelar que solicitó la JNJ y ordena al Poder Legislativo que suspenda provisionalmente los efectos del informe y todo acto procedimental.
Conocido esto, los magistrados de la Junta informaron al Congreso que no acudirían a la sesión plenaria, mientras que la Junta de Portavoces acordó debatir el informe el miércoles, pese a la resolución judicial.
Sin embargo, varios congresistas mostraron de forma previa su rechazo a que se desarrolle la sesión. Uno de ellos fue Eduardo Salhuana (APP), quien indicó que lo ideal era ‘interponer el recurso impugnatorio’ contra la medida judicial.
Iniciada la sesión, el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), informó a los legisladores que se reprogramó la sesión, para que los miembros de la JNJ acudan al Pleno; además, dijo que la Procuraduría del Poder Legislativo apeló la medida cautelar.
La medida concedida por la Tercera Sala Constitucional no fue bien recibida por Patricia Chirinos (Avanza País), quien en sus redes sociales anunció que presentó ante el Ministerio Público la denuncia por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato contra los miembros de esta sala.
Según la congresista, los magistrados habrían incurrido en los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
Horas después, la Fiscalía informó que abrió una investigación preliminar contra los jueces de la Tercera Sala, Néstor Paredes Flores, José Velarde Acosta e Iván Cabrera Giurisich, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.
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