Política

Congreso: Este viernes el Pleno debatirá acusación constitucional contra Edgar Alarcón

En la sesión del pleno del 12 de marzo también se tiene previsto también debatir dos acusaciones constitucionales contra los exmiembros del CNM Iván Noguera y Segundo Morales Parraguez.
El Ministerio Público indica que Alarcón presenta un desbalance patrimonial de 201.337,24 millones de soles, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017. (Foto: GEC)

El Pleno del Congreso de la República tiene programado debatir el próximo viernes 12 de marzo la acusación constitucional contra el legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por antejuicio político en su condición de excontralor general de la República

El pasado viernes 5 de marzo, la Comisión Permanente aprobó que la acusación constitucional contra Alarcón, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública en agravio del Estado peruano, pase al pleno del Congreso.

Esta denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio del 2020 por la presunta comisión del delito por enriquecimiento ilícito agravado en su condición de excontralor. El Ministerio Público indica que Alarcón presenta un desbalance patrimonial de S/201.337,24, correspondiente al periodo del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017.

En su defensa, Alarcón aseguró que la acusación en su contra “carece de sustento” y que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “es una copia de la denuncia del Ministerio Público”.

En la sesión del pleno del 12 de marzo también se tiene previsto debatir dos acusaciones constitucionales contra los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera y Segundo Morales Parraguez.

Noguera está acusado “por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico”, mientras que a Morales se le sindica “haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política”. Sobre este último se plantea “la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública”.


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