Las legisladoras investigadas por recortar el sueldo de sus trabajadoras en su propio beneficio continúan teniendo varios empleados a su cargo, con una planilla que le cuesta al Congreso más de 200 mil soles mensuales, gran parte de los cuales van a parar a sus propias cuentas bancarias, según han denunciado diversos reportajes periodísticos.
Según un informe del diario ‘El Comercio’, Magaly Ruiz, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), María Cordero (Fuerza Popular) y Katy Ugarte (no agrupada), investigadas por el delito de concusión (abusar de su cargo para conseguir un beneficio) en la Fiscalía de la Nación, tienen siete trabajadores cada una: dos técnicos, un asistente, un auxiliar, un coordinador, un asesor II y un asesor principal.
A ellas se ha sumado el también congresista José Arriola (Acción Popular), quien también es investigado en la Fiscalía por el caso ‘Los Niños’ y a quien se le encontró más de 70 mil dólares debajo del colchón.
Según reveló ‘Cuarto poder’ el último domingo, sus trabajadores autorizaron “donar” parte de sus salarios supuestamente de manera voluntaria para labores sociales. El parlamentario acciopopulista cuenta con dos coordinadores, dos técnicos, un auxiliar, un asistente y un asesor.
Los salarios que reciben los trabajadores de las cinco congresistas mencionadas y de Arriola, sin contar bonos y otros pagos, suman alrededor de S/ 240 mil mensuales.
Los sueldos van desde los 2612 soles cada 30 días que percibe un coordinador hasta los 11 026 soles por mes que percibe un asesor principal. En medio quedan los salarios de un asistente (S/ 2988), un auxiliar (S/ 3039), un técnico (S/ 6143) o un asesor II (S/ 8957).
Según ha denunciado, por ejemplo, un extrabajador de la parlamentaria Cordero Jon Tay, ella le descontaba el 50% de su salario, y luego de algunos meses, pretendió recortarle hasta el 75%.
Las legisladoras denunciadas por recorte de sueldos siguen desempeñando sus actividades con relativa normalidad. Por ejemplo, Juárez dijo a ‘El Comercio’ que mantiene el personal asignado por el Congreso, pues “la presunción de recorte de sueldos está en proceso de investigación [y] no estoy impedida de realizar mi actividades parlamentarias”.
Sin embargo, precisó que Miguel Chafloque, investigado por presuntamente ser su cómplice, ya no trabaja en su despacho desde el pasado 15 de marzo.
La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra las cinco congresistas mencionadas entre el 9 y el 15 de abril.
En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso aprobó el informe de calificación de una denuncia contra Magaly Ruiz el pasado 10 de abril. Pero aún está pendiente la investigación, que la legisladora sea citada a audiencia para dar sus descargos, que se elabore un informe final y se someta a debate y votación.
Con las otras congresistas, los casos recién se han abierto, pero se sabe que el Congreso suele encarpetar durante varios meses los informes de Ética que llegan hasta el pleno, la última instancia parlamentaria. ¿Quizás porque otorongo no come otorongo?
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