El último Congreso unicameral de la historia del Perú, optó por despedirse con polémica, al mandar al archivo cinco denuncias constitucionales, las cuales fueron presentadas contra funcionarios y exfuncionarios.
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Cabe precisar que los informes que recomendaban archivar las denuncias, fueron elaborados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que consideró que debían desestimarse las acusaciones, ya que determinó que no se cumplían los requisitos.
La primera denuncia mandada al archivo el último martes, fue la que presentó el exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, contra la congresista Magaly Ruiz (APP), quien había sido denunciada por presunta colusión agravada, tráfico de influencias agravado, al ser acusada de presunta ‘mochasueldo’.
De igual modo, fue aprobado el informe final que recomienda el archivamiento de la Denuncia Constitucional 520, interpuesta también por Villena Campana contra Alberto Otárola, en su actuación como presidente del Consejo de ministros, por la presunta comisión, en calidad de instigador, de los delitos de colusión simple y colusión agravada.
Magaly Ruiz fue blindada por el Congreso.
También se archivó la denuncia presentada contra Jorge Flores Ancachi (APP). El informe de la Subcomisión señalaba que nunca se pudo acreditar que el legislador haya incurrido en los presuntos delitos de concusión, cohecho pasivo propio e impropio, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Como se recuerda, él también fue acusado en su momento de ser presunto ‘mochasueldo’.
Alberto Otárola es acusado por presuntamente influir en la contratación de Yaziré Pinedo. (Foto: Congreso)
También se archivaron denuncias constitucionales contra el vacado exmandatario Pedro Castillo, los expresidentes del Consejo de ministros Guido Bellido y Mirtha Vásquez, así como el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú.
Jorge Flores Ancachi también logró ser blindado por el Parlamento.
El informe que recomendó su archivamiento determinó que las medidas contenidas en los Decretos de Urgencia 086-2021, 100-2021 y 105-2021 se enmarcaron en las facultades constitucionales excepcionales conferidas al Poder Ejecutivo para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la emergencia sanitaria, sin evidenciar vulneración de los artículos 77, 80 y 118 de la Carta Magna.
Presidente Pedro Castillo junto a Pedro Francke tras juramentación como titular del MEF. (Foto: Andina)
Finalmente, se archivó la denuncia formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza contra la congresista Lucinda Vásquez Vela, por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado, debido al fallecimiento de la legisladora.
Denuncia contra Lucinda Vásquez fue archivada, debido al fallecimiento de la legisladora. (Foto: Congreso)
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