Margot Palacios, congresista de Perú Libre, ha presentado una moción para que, de ser aprobada, se cite ante el pleno del Poder Legislativo a representantes de los laboratorios que han fabricados vacunas contra la COVID-19 para que respondan cuestionamientos sobre su efectividad y revelen los contratos firmados con el Estado peruano.
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La moción 1725 presentada el viernes 14 de enero pide que el Parlamento cite a los representantes en el Perú de los laboratorios Sinopharm, Pfizer, BioNtech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson y Janssen.
Esto, a pesar de que en el Perú se han administrado solo vacunas de los laboratorios Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca.
La moción plantea que los citados respondan preguntas sobre las autorizaciones que han obtenido para permitir la exportación de las vacunas contra la COVID-19, la incidencia de pacientes hospitalizados que han sido vacunados y no vacunados y las responsabilidades que han asumido sobre posibles efectos secundarios en pacientes.
También pide que se les pregunte sobre el contenido de las dosis aplicadas y que informen si es que se encuentran en una “fase experimental”, algo que la legisladora asevera en el mismo documento y que ha sido descartado ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado para su uso 10 vacunas diferentes, entre ellas las que se aplican en el Perú, luego de haber superado todas sus fases experimentales preclínicas y clínicas.
Margot Palacios incluye en sus preguntas que los laboratorios informen sobre los contratos firmados para la venta de vacunas contra la COVID-19, incluyendo precios, fabricantes, locaciones de pago, condiciones y garantías de uso.
Esto, a pesar de que por disposición del Ministerio de Salud y desde gobiernos pasados (Martín Vizcarra y Francisco Sagasti), los contratos son confidenciales. Este modelo de reserva con los laboratorios ha sido aplicado a nivel mundial.
Entre sus fundamentos, la legisladora de la bancada Perú Libre asegura que el 18 de diciembre del 2021 concluyó la vigencia de la autorización condicional de vacunación aprobada por el Congreso de la República. La moción no menciona las autorizaciones condicionales para la aplicación de las vacunas de Sinopharm a lo largo del 2022 dictadas a través de resoluciones directorales.
También hace referencia al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, por haber calificado una obligatoriedad en la vacunación como “ilegal” y quien también las llamó “experimentales”.
Por último, menciona al excongresista Iro Chagua, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que se revelen los contenidos de las vacunas asegurando que los frascos contienen “óxido de grafeno al 95%”.
Cabe precisar que la Dirección General de Medicamentos (Digemid) del Ministerio de Salud ha publicado en su página web todos los documentos que permiten verificar los componentes de las vacunas administradas en el Perú (Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca), donde se puede descartar la presencia del componente mencionado por el exlegislador antivacunas.
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