La compra de 31 045 pistolas calibre 9x19 milímetros para la Policía Nacional del Perú, valorizada en 29 millones 469 mil 705 dólares, pasó de ser una adquisición para reforzar la seguridad a convertirse en el centro de una controversia. El pago del 100 % del contrato antes de recibir las armas, el cambio del mecanismo de contratación y la intervención de la Contraloría colocaron el proceso bajo la lupa durante los últimos días del gobierno de José María Balcázar.
La operación fue realizada por el Ministerio del Interior mediante la modalidad por encargo a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME). El proveedor del armamento es la empresa israelí IWI, fabricante de las pistolas modelo Jericho que serán destinadas a la Policía Nacional.
El contrato N.° 01-2026 fue firmado el 11 de junio de este año por el director de Administración del Mininter, Ítalo Gerardini Panez, y el representante de FAME, coronel Antonio Zapata Vargas. Uno de los puntos que más llamó la atención fue que el Estado aceptó desembolsar la totalidad del presupuesto antes de recibir una sola entrega completa del armamento.
La programación establece que el primer lote, compuesto por 2.000 pistolas, llegará aproximadamente dos meses y medio después de la firma del contrato. Sin embargo, la entrega del total de las 31.045 armas se extenderá durante un plazo de 14 meses.
La adquisición no comenzó bajo esta modalidad. El proceso se inició en junio de 2024 mediante una licitación internacional en la que participaron fabricantes como Beretta, Tanfoglio y Sig Sauer. Las propuestas económicas fluctuaban entre 17 y 24 millones de dólares y contemplaban plazos de entrega de hasta 120 días.
Sin embargo, el concurso sufrió ocho postergaciones y, durante su desarrollo, el Ministerio del Interior cambió en cinco oportunidades de director general de Administración. Finalmente, en diciembre de 2025, la convocatoria fue declarada nula por observaciones relacionadas con las especificaciones técnicas y la libre concurrencia de postores.
El 2 de marzo de 2026 la licitación internacional fue cancelada definitivamente. Apenas un día después, el Ministerio del Interior reactivó el requerimiento utilizando a FAME como entidad encargada del proceso. La buena pro terminó adjudicándose el 2 de julio a la empresa israelí IWI.
Según la información difundida, la propuesta económica de IWI había sido la más alta entre las ofertas presentadas durante el concurso anterior. La investigación periodística estima que la diferencia con las propuestas de menor costo alcanzaría aproximadamente 13 millones de dólares.
Las condiciones del contrato también despertaron críticas entre especialistas en contrataciones públicas. Marco Montoya sostuvo que el pago adelantado del 100 % no se ajustaría a los límites previstos en la normativa sobre adelantos en contratos estatales, que fija un tope máximo del 30 %, y consideró que esta situación podría constituir un indicio del presunto delito de colusión.
Tras hacerse pública la contratación, la Contraloría informó al ministro del Interior, José Mercedes Zapata Morante, el inicio de un servicio de recopilación de información sobre la adquisición de las pistolas. La Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior comunicó el comienzo de las acciones destinadas a revisar el procedimiento seguido para concretar la compra.
La operación se realizó al amparo de la denominada Ley FAME, norma que permite a la empresa estatal celebrar este tipo de contrataciones mediante convenios. Sin embargo, distintos cuestionamientos sostienen que este mecanismo deja de lado procesos de licitación internacional y limita la competencia entre fabricantes, mientras que, según la propia investigación, en esta oportunidad no se convocó a otros postores para presentar nuevas propuestas.
Luego de conocerse las revelaciones, el ministro José Mercedes Zapata Morante evitó pronunciarse sobre la contratación. Por su parte, el todavía presidente José María Balcázar cuestionó el desembolso anticipado previsto en el contrato y calificó de “sospechoso” que el Estado hubiera pagado la totalidad de la compra antes de recibir el armamento.
Entretanto, el Ministerio del Interior aseguró que el proceso se realizó dentro del marco legal vigente y que contó con las validaciones técnicas de la Policía Nacional del Perú.
Contenido GEC