La decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima (CCPL), Elsa Ugarte Vásquez denunció que actualmente los casos emblemáticos de corrupción corren el riesgo de realizar una mala determinación de la existencia o no de desbalance patrimonial de los investigados, en la medida que no se están designando para realizar las pericias pertinentes a los profesionales idóneos.
En ese contexto, manifestó su rotundo rechazo a las designaciones que realizan el Ministerio Público y el Poder Judicial para que economistas realicen pericias contables; actividad profesional que no fue parte de su formación universitaria, lo que puede ser comprobado al revisar los planes de estudios de la carrera de Economía de las universidades del país, en las que de manera generalizada se observa que de contabilidad y finanzas no tienen más de dos cursos a lo largo de los cinco años de carrera.
“Por el contrario, la formación profesional del Contador Público a lo largo de los cinco años de carrera está orientada al estudio de la doctrina contable, de las normas contables y financieras, normas de auditoría y peritaje contable, incorporando también cursos de economía, fiscalidad y derecho, que nos permite por la propia naturaleza de nuestra profesión identificar inequívocamente, personerías, bienes económicos, moneda como común denominador, empresa en marcha, valuación al costo, periodos, saldos iniciales, patrimonio inicial, devengados, significación, exposición, prudencia... conceptos todos que forman parte de los principios contables”, puntualizó.
Además, añadió que la profesión contable se encuentra regulada en normas legales que se remontan al Código de Comercio de principios del siglo pasado, la Ley de Profesionalización del Contador Público de 1959, las normas emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, Normas Internacionales de Auditoría - NIAs, Código de Ética, entre otras, cuyo conocimiento y correcta aplicación aseguran que un peritaje contable pueda sin lugar a dudas constituirse en una prueba competente que contribuya a una correcta administración de justicia, que hoy más que nunca nuestra sociedad demanda.
“Señores magistrados y fiscales supremos, por las consideraciones expuestas, les solicitamos el respeto del ejercicio profesional del contador público y disponer que las pericias contables sean designadas exclusivamente a contadores públicos debidamente colegiados con especialidad acreditada en peritaje contable”, expresó.
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