APARECEN MÁS DETALLES. La suspendida ex fiscal de la Nación Patricia Benavides habría utilizado los recursos del Ministerio Público a favor de la presunta red criminal dentro de dicha institución que presuntamente lideró, de acuerdo a la investigación que realiza la fiscal suprema Delia Espinoza.
En la disposición N°24- a través de la cual se abrió pesquisa a 14 congresistas y otros- la fiscal Espinoza detalló que Benavides Vargas “habría dispuesto que sus asesores, personal del área de Imagen y fiscales de diferentes niveles realicen labores ajenas a los cargos que desempeñaban e incluso fuera de la institución en horario de trabajo”.
De acuerdo al documento de 219 páginas, al que tuvo acceso el diario El Comercio, la ex fiscal de la Nación habría dispuesto que Álvaro Castañeda Rojas, fiscal adjunto supremo, “elabore la denuncia” en contra de los jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes declararon fundada la medida cautelar interpuesta por los integrantes de la JNJ para paralizar el proceso sumario que buscaba su destitución en el Congreso.
Esta denuncia fue facilitada a la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) “para que la presente como propia”.
“Todo ello en afán de la investigada [Benavides] de que se vote la moción de remoción de los integrantes de la JNJ [en el Parlamento]. Es de indicar que sobre ello, Jaime Villanueva [otrora consejero de la ex fiscal de la Nación] dijo que en la elaboración de la denuncia también participó con Castañeda Rojas, el asesor Abel Hurtado Espinoza”, subrayó Espinoza en el documento.
Benavides es investigada por los presuntos delitos de organización criminal agravada, cohecho activo específico, cohecho activo genérico, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, entre otros.
De acuerdo a la disposición N°24, la ex fiscal de la Nación habría encabezado una organización criminal de naturaleza mixta desde aproximadamente diciembre del 2021.
Asimismo, la red habría tenido dos dimensiones de intereses: “el interno y el externo” y para, lograr su objetivos, “se aprovechó indebidamente de la facultad constitucional” que tiene el Ministerio Público de ser el órgano de persecución y conducción de la investigación del delito, agrega el documento.
El Ministerio Público solicitó a la suspendida fiscal de la nación que entregue de manera voluntaria su celular o los equipos móviles que usaba mientras se desempeñaba en el cargo.
La fiscal suprema Delia Espinoza hizo el pedido de las comunicaciones fijando fecha del 25 o 26 de enero, sin embargo, la defensa legal de Benavides Vargas descartó esta posibilidad hasta que comuniquen exactamente qué buscan.
Asimismo, el abogado interpuso una tutela de derechos para proteger los derechos fundamentales de su patrocinada, que puedan resultar vulnerados o amenazados.
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