Por: Miguel Ramírez (Periodista de investigación)
La libertad concedida por una sala superior a Pier Figari, el brazo derecho de Keiko Fujimori, es un duro golpe para los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, encabezados por Rafael Vela y José Domingo Pérez.
No es el único revés, por cierto, que han sufrido desde marzo pasado cuando empezó la cuarentena por el maldito coronavirus. El Poder Judicial (PJ) ha mandado a su casa a varios involucrados con la empresa corrupta Odebrecht que se encontraban con prisión preventiva. Entre ellos está la propia Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y jefa de Figari.
El argumento es el mismo: los fiscales no lograron demostrar el peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones que señalaron para lograr su encarcelación, que fue aprobada por los jueces de primera instancia.
Para el PJ, el Ministerio Público -pese al tiempo transcurrido- ‘no ha mostrado la diligencia debida de llevar a juicio a los imputados’.
De acuerdo con especialistas, los fiscales deben cambiar su estrategia y abocarse a terminar sus pesquisas y hacer las denuncias respectivas, antes que pedir prisiones preventivas, que les demanda tiempo y desgaste para sustentarlas.
El único caso político mediático que han logrado denunciar es el del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes, antes de llegar a una acusación, enviaron a prisión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional les dio libertad, pues consideró que esa detención fue una arbitrariedad.
Luego de la liberación de Figari, el fiscal Domingo Pérez la emprendió contra ‘Reactiva Perú’, un programa de préstamos del Gobierno -¡pero que administra la banca privada!- para impulsar la economía de las empresas afectadas por la pandemia.
Pérez se quejó porque entre los beneficiados se encuentran personas y entidades vinculadas con la empresa Odebrecht. Sin embargo, estas, hasta hoy, no han sido denunciadas por la fiscalía, por lo tanto no tienen impedimento alguno para hacerlo.
También criticó que entre los beneficiados se encontraba Horacio Cánepa, un abogado que logró cobrar millonarios arbitrajes a favor de la empresa brasileña. Cánepa, sin embargo, es colaborador estrella de la fiscalía, que le perdonó su culpa a cambio de ofrecer información. Lo que Cánepa confesó sirvió para ordenar prisiones preventivas contra varios involucrados, que en poco tiempo lograron su libertad porque sus dichos aún no pueden comprobarse.
Este columnista siempre ha resaltado la labor de los fiscales del Equipo Lava Jato, en especial de José Domingo Pérez, pero eso no significa dejar de mencionar sus defectos. No es hora de lamentarse por la libertad de investigados claves como Keiko Fujimori y Figari. Eso indigna a los peruanos, pero el objetivo debe ser culminar lo más pronto las investigaciones, denunciarlos y llevarlos a un juicio oral que culmine en una sentencia.
Como bien dice una famosa frase, ‘justicia que tarda no es justicia’. Nos vemos el otro martes.
