La historia judicial de Andrés Avelino Hurtado Grados, más conocido como ‘Chibolín’, suma un nuevo capítulo. A poco de cumplirse un año de su detención, el Poder Judicial ordenó levantar su secreto bancario, tributario y bursátil como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.
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La medida no solo alcanza al exconductor de televisión, sino también a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, y a los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira. El juez supremo Juan Carlos Checkley fue tajante: esta medida es indispensable para revisar movimientos financieros y determinar si existieron operaciones irregulares.
Este es el organigrama que elaboró el Ministerio Público sobre la presunta organización criminal que encabezarían Andrés Hurtado y los hermanos Sánchez Aranda.
Pero el cerco judicial no queda allí. El magistrado también autorizó que cuatro empresas relacionadas a Hurtado, en su calidad de personas jurídicas, sean incluidas en la pesquisa. El objetivo es claro: saber si sus cuentas fueron utilizadas en presuntos actos de corrupción.
CITAN A VARIOS PERSONAJES
En paralelo, la Fiscalía avanza con otra línea: la de lavado de activos. Para ello ha citado a 21 personas, entre peruanos y extranjeros, que deberán declarar sobre sus nexos con Hurtado.
Entre los más llamativos está el futbolista Tiago Cantoro, quien explicará detalles de su proceso de nacionalización; la directora de la revista VIP Diplomática, Ana Altamirano García, por su vínculo con el exconductor; y hasta el popular humorista Jorge Benavides, por la compra de un vehículo que terminó en el radar de los fiscales.
Mientras tanto, desde el pabellón 5 del penal de Lurigancho, Chibolín intenta mover fichas a su favor. En julio envió una carta escrita a mano al Tribunal Constitucional (TC), pidiendo que se evalúe su liberación.
“Suplico revisar el expediente y mis arraigos, que demuestran que puedo seguir el proceso en libertad sin riesgo de fuga”, escribió en la misiva, revelada semanas atrás.
Andrés Hurtado gestionó nacionalización exprés de hijo de Mauro Cantoro, Tiago Cantoro.
¿QUÉ DICE LA DEFENSA DE ‘CHIBOLÍN’?
El abogado Elio Riera, que además enfrenta una suspensión de tres meses en sus funciones, sostiene que la acusación contra su cliente carece de sustento. Afirma que el Ministerio Público construyó una hipótesis de “tráfico de influencias en cadena”, pero que esta figura no existe en el Código Penal.
“El señor Hurtado fue llevado a la cárcel porque, según la Fiscalía, en contubernio con la doctora Peralta se habría favorecido a terceros. Pero al incluir a otros funcionarios inventan un delito que no es sancionado penalmente”, alegó.
El caso está ahora en manos del juez supremo César San Martín, quien deberá resolver los recursos presentados por la defensa.
Andres Hurtado durante su audiencia el pasado 20 de diciembre de 2024.
Desde su captura en octubre del 2024, Hurtado ha buscado sin éxito salir de prisión. Presentó dos apelaciones a la Sala Suprema Penal Permanente, pero ambas fueron rechazadas. Luego, intentó con hábeas corpus, que tampoco prosperaron.
A esto se suma otra prisión preventiva en su contra: la que afronta por presuntamente haber influido en la exjefa de Migraciones Roxana Del Águila para acelerar la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho, en 2019.
Los próximos meses serán claves para el futuro judicial de Chibolín. La Fiscalía intensifica las diligencias, mientras su defensa insiste en que la prisión preventiva debe anularse.
Entre expedientes, cartas escritas a mano y testigos de renombre, el caso de Andrés Hurtado se perfila como uno de los procesos más mediáticos y complejos en la lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias en el país.
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