
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de acción de cumplimiento, con la cual se busca que el Poder Ejecutivo entregue el Bono de Reconocimiento para los trabajadores que estaban afiliados y realizaron sus aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y luego migraron a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) desde el año 2002.
El Poder Judicial programó para el viernes 6 de noviembre, la audiencia en la que se revisará este recurso, que fue presentado por el excongresista José Luna Gálvez.
“Son más de tres millones de peruanos a los que descontó parte de su sueldo cada mes y hoy se les niega la devolución de esos aportes. Ellos esperan que se cumpla la Ley 31729 y se entregue el Bono ONP. El Estado no puede apoderarse del dinero de los trabajadores. Es su plata, se les descontó por años con la promesa de una pensión”, dijo Luna.
De acuerdo al exlegislador, el Estado entregó ‘bonos de reconocimiento desde 1992 hasta el 2001. Sin embargo, a quienes optaron por el traslado a una AFP a partir del 2002, se les negó ese derecho y pretendió ignorar lo que señala la Constitución: los fondos de pensiones son intangibles frente a intervenciones arbitrarias y abusivas del Estado’.

LOS BENEFICIADOS
De ser declarada fundada la demanda, se reconocerán las contribuciones que realizaron estos trabajadores al sistema público antes del traslado.
Además, el exparlamentario remarcó que la Ley 31729 fue aprobada en 2022, pero observada por el Gobierno, por lo que fueron por la insistencia, y terminó siendo publicada en abril del 2023, lo que llevó al Poder Ejecutivo de ese entonces presentara una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, detalló que el TC declaró infundada esta demanda, aunque hasta la fecha no se ha cumplido con el bono.

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