La expresidenta del Consejo de Ministros (PCM) Betssy Chávez Chino fue detenida la tarde de este martes 20 de junio, luego de que el Ministerio Público, a través de la fiscal suprema adjunta Sylvia Shack, solicitara al Poder Judicial que revoque la comparecencia restringida que se había dictado en su contra y se le varíe por 18 meses de prisión preventiva, al asegurar que “habría sorprendido” al Juzgado de Investigación Preparatoria de primera instancia con “hechos falsos e inciertos”. ¿Por qué ocurrió esto?
En su apelación, la Fiscalía señaló que cuando se analizó el pedido de prisión preventiva en primera instancia, ante el juez de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, Bettsy Chávez presentó información que, en ese momento no pudo ser corroborada y que por el contrario sería “falsa”.
“En ese momento, la defensa de la investigada con el propósito de acreditar arraigos presentó 65 anexos conteniendo elementos de convicción de los que no se le corrió traslado oportunamente al representante del Ministerio Público y con los que se habría sorprendido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, constituyendo hechos falsos e inciertos”, señaló la fiscal Sylvia Shack.
En ese sentido, explicó que la investigada presentó como arraigo domiciliario una vivienda que sería de su abuelo en el Centro Poblado La Natividad (Tacna), sin embargo, según Registros Públicos no es propietaria de ningún inmueble.
La representante del Ministerio Público recordó que Chávez Chino dijo ser propietaria de un inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Los Sauces Mz E Lte 3, distrito de Coronel Gregorio Albarracín, Tacna.
“Sin embargo, de la búsqueda de información en los Registros Públicos, se tiene que dicho inmueble en la actualidad ha sido vendido por la investigada, de modo que constituye un indicio de fuga el que la misma se esté deshaciendo de su patrimonio, acreditándose que a la fecha no tendría arraigo domiciliario”, señaló la fiscal suprema adjunta.
La Fiscalía también señaló que “es falso” que exista una dependencia económica entre la investigada Chávez Chino y sus padres, ya que estos tienen ingresos independientes, además porque figuran como jubilados.
Sobre el contrato laboral con el Centro de Salud Inmaculada presentado por la investigada, la fiscalía advirtió que dicho contrato fue rescindido al mes siguiente de haber sido elaborado, esto es, el 30 abril 2023. Ello, dijo, consta en el acta fiscal y policial de constatación en dicho y al entrevistar al administrador del centro de salud, el 1 de junio del 2023.
De otro lado, según el acta de constatación del 1 de junio del 2023, se evidenció que el domicilio ubicado en Sama, en el fundo Matamula (Tacna), donde supuestamente operaba la empresa Logimart Perú con la que Chávez Chino dijo haber firmado un contrato de trabajo, “se encuentra en un grifo en donde no hay actividad comercial desde el 2021″.
“Por lo expuesto, queda desvirtuado el arraigo laboral que pretendía acreditar la investigada”, aseguró la fiscal.
Finalmente, Shack adivirtió que, luego del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, Chávez Chino ha mostrado una actitud renuente a reconocer los delitos de rebelión y conspiración pues aseveró en medios de comunicación que no reconocía que los actos delictivos cometidos por Pedro Castillo constituían un Golpe de Estado.
La Fiscalía también requirió la variación de comparecencia por prisión preventiva contra los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente. Sobre ambos, alegó que no acreditaron arraigo laboral y domiciliario adecuado.
Chávez Chino, Huerta Olivas y Sánchez Palomino, son investigados como presuntos coautores del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración por el golpe de Estado que dirigió el expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.
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