Después de más de 9 horas de reunión en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), representantes del Gobierno y de la comunidad de Fuerabamba lograron establecer varios acuerdos para solucionar el conflicto con la empresa minera Las Bambas.
Los acuerdos:
1.- La comunidad campesina de Fuerabamba restablecerá y liberará el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi (conforme al clasificador de rutas). Los accesos ya no serán bloqueados por los comuneros de Fuerbamba permitiendo el libre tránsito de los vehículos de la minera Las Bambas S.A. y sus contratistas a partir de la firma de la presente acta.
2.- En el marco del reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y la comunidad llegaron a un acuerdo económico mutuamente satisfactorio que pone fin a toda controversia en el fundo Yavi Yavi.
3.- Las partes acordaron que la empresa minera Las Bambas asumirá el cumplimiento del compromiso del empleo laboral de los comuneros de Fuerabamba en la empresa minera en todo aquello que no haya sido cumplido desde el 2014 hasta el 2019.
4.- Las partes acordaron revisar los acuerdos suscritos entre la comunidad y la empresa minera consignados en el documento denominado "Compendio de acuerdos entre el Comité Central de negociación de la Comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto minero Las Bambas operado por Xstrata Copper" del 29 de diciembre del 2009, el día 7 de mayo, que se adjunta como anexo a la presente acta.
En el encuentro participaron el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar; y sus ministros de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante; y de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo.
Por la comunidad de Fuerabamba asistieron su presidente, Gregorio Rojas; así como representantes de otras comunidades del distrito de Challhuahuacho, colindantes con el proyecto minero Las Bambas.
Como facilitadores del diálogo estuvieron el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez; el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, y el cardenal Pedro Barreto.
Este es el segundo diálogo que sostienen el Ejecutivo y la comunidad de Fuerabamba, en busca de una solución al conflicto, luego del que sostuvieron el pasado 29 de marzo en la sede de la CEP.
Cabe indicar que la comunidad de Fuerabamba, en la región Apurímac, mantenía bloqueada desde hace 50 días una carretera que atraviesa la zona por donde pasan los camiones del proyecto minero Las Bambas.
Exigen salida de ministros
Antes de ingresar a la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, Gregorio Rojas se dirigió al presidente Martín Vizcarra para exigirle a nombre de la comunidad de Fuerabamba, el cese inmediato de los ministros de Transporte y Comunicaciones, y de Energía y Minas.
"El papel jugado por el ministro de Energía y Minas, el ministro de Transportes y el viceministro de gobernanza ha sido nefasto y falto de criterio en extremo, colocándose del lado del capital extranjero y vulnerando sus funciones primordiales que son la defensa de la población por lo cual sugerimos su cese inmediato", relataron.
Asimismo pidieron al jefe de Estado su "intermediación" para lograr la excarcelación de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes cumplen una orden de prisión preventiva de 36 meses.
Asimismo, Jorge Paredes Terry, nuevo asesor legal de los comuneros, anunció que la comunidad presentará un proyecto de ley para que los pobladores cuenten con acciones en proyectos extractivos como el que conduce la minera china MMG Las Bambas.
Prisión preventiva
El último viernes se difundieron audios de conversaciones entre Frank Chávez Sotelo, uno de los abogados de Fuerabamba, y los comuneros, a quienes pide responsabilizar a la Policía Nacional de agresión a mujeres y niños y de la quema de chozas.
"Lo que tienen que hablar es que la agresión ha sido de parte de la policía y que no lo hemos soportado y que ellos mismos han prendido fuego a sus chozas, punto, a la mierda. Échenle la responsabilidad a la policía carajo. Pensando siempre pues chicos", señaló.
Por ello, la jueza de investigación preparatoria de Cotabambas, Patricia Lavenza, dictó 36 meses de prisión preventiva contra los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo por el presunto delito de extorsión.
Según el Ministerio Público, ellos encabezarían la presunta organización criminal Los Chavelos y ambos captaban a presidentes de comunidades campesinas para, luego, solicitar pagos por su asesoría legal.
Además, la fiscalía indica que el modo de actuar de los abogados habría sido amenazar a las empresas privadas mediante el bloqueo de vías para forzarlas a que accedan a sus requerimientos económicos.
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