Américo Gonza Castillo, congresista de Perú Libre y uno de los últimos defensores que le quedan al vacado expresidente Pedro Castillo, habría liderado, junto al exministro de Defensa Walter Ayala y al propio exmandatario, una organización criminal que cobró sobornos a nueve generales de la Policía Nacional para ser promovidos. Según el testimonio de colaboradores eficaces del caso de los ascensos irregulares, habrían pagado hasta 40 mil dólares.
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Según la resolución emitida por el juez John Pillaca Valdez, Gonza Castillo habría sido uno de los cabecillas de esta red criminal, que tenía como objetivo “tomar el control” de la PNP y de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el organigrama que de la red criminal que realizó el Ministerio Público, el parlamentario estaba en un segundo nivel de mando, solo por debajo del expresidente Castillo y realizaba coordinaciones directas con el ex comandante general de la Policía, Javier Gallardo, quien anoche se entregó a la justicia luego de una entrevista en Willax.
Según el documento, el gobierno de Pedro Castillo nombró a Gallardo como comandante general de la PNP para copar a la institución.
DOS CELULARES LO COMPROMETEN
Gonza Castillo, que también es presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se convirtió en objeto de investigación por información encontrada en dos celulares, uno del colaborador eficaz CE-005-2022-EFICCOP y el otro del general PNP Max Henry García Esquivel.
García Esquivel ascendió a general el año pasado y fue designado como jefe de la II Macrorregión Policial de Lambayeque. En agosto de este año fue denunciado y detenido por cobrar cupos a dueños de discotecas en Chiclayo para no realizar operativos cerca de sus locales y el Poder Judicial dictó 15 meses de detención preventiva contra él. E
n los dos teléfonos se encontraron comunicaciones que relacionan al congresista Gonza en la concertación de los ascensos en la Policía.
En comunicación con el diario El Comercio, Américo Gonza Castillo calificó de “falsas” las imputaciones del Ministerio Público. “En mi función congresal, no hay relación alguna con los ascensos. Al parecer esto se desprende de dichos de un colaborador eficaz que nunca va poder ser corroborado”, expresó.
CASO ASCENSOS IRREGULARES
En la madrugada del último lunes, miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), con el apoyo de efectivos policiales de la Diviac y la Digimin, allanaron 27 inmuebles en diferentes ciudades del país que pertenecen a empresarios y policías.
A través de una orden judicial también se dictó la detención preliminar por 10 días para ocho investigados. Entre ellos figura Javier Gallardo, ex comandante general de la PNP, quien, de acuerdo a la fiscalía, encabezó los irregulares cobros.
También figuran cuatro generales en actividad, dos mayores en retiro y el suboficial Jorge Tarrillo, quien fue parte del equipo de seguridad de Castillo. Se les investiga por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, Gallardo habría recibido los pagos de 40 mil dólares para que sus colegas pudieran ascender sin ningún problema y así obtener beneficios como el bono de gasolina, ser jefes de algunas regiones policiales, entre otros.
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Para el Ministerio Público, Gallardo, quien fue designado por el expresidente Pedro Castillo, habría cobrado este dinero a los oficiales Luis Legua Egocheaga, Pedro Villanueva Nole, Nicasio Zapata Súclupe y Manuel Rivera López.
Fue Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, quien en julio de este año habló por primera vez de una lista de diez oficiales que pagaron –según su manifestación– 20 mil dólares para ser ascendidos en noviembre del año pasado con la anuencia de Castillo, ahora en prisión preventiva.
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