Aquí no pasó nada. El ex presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres reanudó sus actividades como profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tras la caída del Gobierno encabezado por el vacado exmandatario Pedro Castillo.
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El anuncio del retorno a sus labores como catedrático ya lo había anticipado su abogado, el extitular del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, durante la audiencia de prisión preventiva contra el exmandatario y el ex jefe del gabinete ministerial por el fallido golpe de Estado.
Ahora, a través de su propio Twitter, Torres Vásquez confirmó su regreso a las aulas. El expremier aprovechó para expresar sus condolencias hacia los deudos de los fallecidos en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes durante las protestas en regiones.
“Mis condolencias con las familias de los peruanos asesinados, espero la pronta recuperación de los heridos. Al final, la verdad se impondrá en el país. De regreso a las aulas sanmarquinas”, apuntó el ex primer ministro.
Cabe recordar que Torres Vásquez llegó al Gobierno juramentando primero como ministro de Justicia y Derechos Humanos, donde permaneció hasta ser designado como flamante presiente del Consejo de Ministros en reemplazo de Héctor Valer.
En ese cargo estuvo hasta el pasado jueves 24 de noviembre, cuando presentó su carta de renuncia luego de que el Congreso rechazara “de plano” la cuestión de confianza que presentó una semana antes. Su sucesora fue la exministra de Cultura Betssy Chávez, quien duró solo unos cuantos días debido al golpe de Estado que perpetró Castillo Terrones, intentando disolver el Congreso de manera inconstitucional.
Luego de la detención de castillo, el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó comparecencia con restricciones a Aníbal Torres en el marco de la investigación por rebelión y conspiración, además que deberá cumplir reglas de conducta por sus condiciones de su avanzada edad y por su mal estado de salud y al existir arraigo laboral, domiciliario y familiar.
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Entre las reglas están: Obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, obligación de realizar el control virtual por parte del especialista de causas de este juzgado supremo, el último día hábil de cada mes para justificar sus actividades, obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado y prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación.
El fiscal supremo penal Alcides Chinchay apeló a la decisión del juez supremo argumentando que el procesado habría acordado disolver el Congreso con Pedro Castillo y pide que se le imponga 18 meses de prisión preventiva.
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